Gobierno desinstitucional

El gobierno federal, en confabulación con su partido político, se ha caracterizado por criticar, por medios tradicionales y digitales, a los órganos autónomos para justificar el acotamiento de sus atribuciones mediante iniciativas de reforma. Proyectos de ley que tienen como único objetivo real el favorecer políticas e intereses de grupo.

Algunos de los planes del régimen, entre tantas otras ocurrencias, han causado revuelo en una amplia gama de sectores, entre los que se encuentran la academia, el sector privado, la sociedad civil e, inclusive, al interior del sector público, debido a la falta de sustento técnico y construcción de consensos para emprender estas reformas. Debilidad que sólo trae amenazas al correcto funcionamiento de las instituciones públicas.

Recordemos el anuncio de descentralizar las dependencias federales, ubicándolas en distintas entidades federativas, con el argumento de impulsar el desarrollo económico regional con la llegada de la institución. Éste fue uno de sus 100 compromisos, al que dio lectura a días de tomar protesta como mandatario nacional, mismo compromiso que, hoy en día, se encuentra en evidente retraso.

Tiempo después empezó con las críticas al Instituto Nacional Electoral, órgano que presentaba sanciones a Morena por diversas acciones, como actos anticipados de campaña e irregularidades en sus informes de ingresos y gastos. Una de las más escandalosas fue cuando el INE documentó que, dentro de las firmas para la revocación de mandato, a favor del Presidente de la República, la asociación civil Que Siga la Democracia entregó 14,490 firmas de personas fallecidas. Esto debería ser una advertencia por el fraude realizado y lo que, obligadamente, nos lleva a cuestionarnos si Morena quiere el control del padrón electoral, propuesto en su iniciativa de reforma, para que gente fallecida vote por sus candidatos en 2024.

El INE no es el único atacado. El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales ahora se encuentra en la mira de Palacio Nacional, desde donde es atacado con diversos mensajes infundados, como la supuesta escasa valía del organismo. El discurso oficial pone como uno de los argumentos centrales el ahorro de dinero; sin embargo, no termina por clarificar dónde se ve reflejado el ahorro y en qué se utilizaría ese recurso.

Peor aún, el discurso populista del ahorro presupuestario, el adelgazamiento de estructuras y la eliminación de salarios tiene eco en sectores poblacionales leales a Morena, pero, en realidad, el régimen está capturando todos los recursos públicos posibles para mantener los programas sociales que, como el mismo presidente Andrés Manuel López Obrador ha admitido públicamente en sus conferencias de prensa mañaneras, son una estrategia electoral para generar votos. Práctica que siempre fue criticada por él mismo cuando era dirigente opositor.

Resulta imposible obviar su incesante campaña en contra del Poder Judicial de la Federación. Magistrados y servidores públicos que han determinado sus resoluciones en forma independiente, con apego a la Constitución y haciendo caso omiso al dictado presidencial. Actitud que provocó reacciones de desagrado por parte del régimen, lo que llevó a recibir mensajes de odio a la ministra presidenta Norma Piña y, ahora también, al ministro Javier Laynez, debido a que admitió a estudio las acciones de inconstitucionalidad que se presentaron en contra del plan B del Presidente.

Sin que la Suprema Corte haya siquiera desechado del todo el plan B, porque, precisamente, se encuentra en etapa de estudio, el presidente López Obrador ya catalogó al ministro Laynez como “su alteza serenísima” y de la Corte dijo que “su único dios es el dinero”.

La oposición ha levantado la voz ante los abusos de poder, logrando frenar las iniciativas de reforma y obligando a que la Corte se pronuncie sobre el fondo de las mismas. Asimismo, millones de ciudadanos han expresado libertad y valentía al movilizarse para invitar al Presidente de México a dejar de lado intentos contrarios al interés democrático, a que las políticas públicas sean para el beneficio general y no de partido, como también le recuerdan con manifestaciones, así que no cuenta con el respaldo que él presume día a día en sus encuestas.