Estados Unidos, en campaña; México, sin rumbo

Resulta una verdadera pena el silencio de un amplio número de actores relevantes de la política mexicana, quienes optaron por no contestar como se merece al senador Kennedy. La prensa alcanzó a registrar apenas los firmes posicionamientos del canciller Marcelo Ebrard; la senadora panista Gina Cruz Blackledge; así como de la jefa de Gobierno de la CDMX, Claudia Sheinbaum.

Hace unos días —durante su participación en la comparecencia de la directora de la DEA, Anne Milgram—, el senador republicano John Neely Kennedy emitió una serie de declaraciones que denuestan a nuestro país. Ofensas ante las que no debemos quedarnos callados como mexicanos, así vengan de un personaje claramente ignorante y racista, pero, sobre todo, estúpido. Es cierto también que esta declaración injustificable se da en un polarizado contexto electoral de Estados Unidos, en el cual los republicanos buscan atraer las mayores simpatías ultraconservadoras a partir de una serie de iniciativas como las leyes absurdas que el gobernador Ron DeSantis quiere imponer en el estado de Florida.

Frente a estos y otros agravios resulta una verdadera pena el silencio de un amplio número de actores relevantes de la política mexicana, quienes optaron por no contestar como se merece al senador Kennedy, como tampoco a otros ataques similares. La prensa alcanzó a registrar apenas los firmes posicionamientos del canciller Marcelo Ebrard; la senadora panista Gina Cruz Blackledge; así como de la jefa de Gobierno de la CDMX, Claudia Sheinbaum; entre algunos más. Si bien es innegable la existencia de diferencias legítimas entre oposición y gobierno, existen temas donde la clase política y los ciudadanos tenemos la obligación de sumarnos al Presidente de México y exigir respeto a nuestro país.

Dejando de lado los agravios del Partido Republicano por un momento, también resulta importante reconocer los errores en materia migratoria de esta administración. Basta recordar que en 2018 el gobierno de México optó por dar paso abierto a migrantes de Centro y Sudamérica en nuestra frontera sur, para lo cual asignó visas temporales de trabajo e, incluso, dejó en claro al exterior que México no tenía la obligación de ayudar a Estados Unidos en el trabajo sucio de las deportaciones.

Sin embargo, para el segundo trimestre de 2019, cuando el entonces presidente Donald Trump se encontraba en campaña por un segundo periodo al frente de la Casa Blanca, éste amenazó a México con aumentar hasta en un 25% los aranceles en todos los productos nacionales, en caso de no detener las múltiples caravanas centroamericanas. Ello motivó que la política migratoria de nuestro país diera un giro de 180 grados, con el despliegue de un alto número de efectivos militares a lo largo de la frontera sur y otros puntos estratégicos del territorio nacional.

Qué más quisiéramos que tener las condiciones propicias para poder albergar a esos miles de migrantes que intentan ingresar a nuestro territorio; pero México está imposibilitado de poderles ofrecer acceso a oportunidades de empleo, educación, salud y un ingreso decoroso, porque, para empezar, millones de mexicanos no tienen acceso a estos factores mínimos de bienestar en sus lugares de origen. Registros oficiales de Estados Unidos confirman que son cada vez más los cientos de miles de mexicanos que, en los últimos tres años, buscan migrar a ese país en búsqueda de una mejor calidad de vida.

Lo hacen porque en Estados Unidos se desarrolla una sociedad que cuenta con cierto nivel de servicios públicos y de seguridad, así como con oportunidades de trabajo bien remuneradas. Por el perfil de las actividades productivas, se ven en la necesidad de contar con la mano de obra de millones de migrantes que, por cierto, muchos de ellos son trabajadores indocumentados con sueldos inferiores a los que estipula la ley laboral estadunidense, pero que —en contraste— están muy por arriba de lo que pudieran ganar en sus países.

Si recordamos la tasa al alza de los mexicanos que se ven obligados a desplazarse al norte de nuestra frontera, dicha condición nos lleva a la necesidad urgente de fortalecer la política social. Las transferencias en efectivo, iniciadas por este gobierno federal a la población en situación de vulnerabilidad, pueden ser atractivas para quienes las reciben, pero a todas luces son insuficientes en arraigarles a su lugar de origen. De ahí que, si el próximo presidente de México no acompaña estos programas sociales con una política económica agresiva que impulse un verdadero desarrollo regional, nuestro país estará destinado a seguir expulsando a gente trabajadora y con deseo de superación a Estados Unidos.

Hoy se les acabó el tiempo, la sociedad juzgará en su momento.

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