Escuchar a las mujeres

Fenómenos globales como una economía estancada, la pandemia provocada por el coronavirus o la debilidad institucional que amenaza la seguridad de ciudades y regiones enteras han impactado con toda severidad la calidad de vida de millones de personas, pero, especialmente, la de las mujeres. Son ellas quienes cargan principalmente con el peso del cuidado de los hijos o la atención de padres enfermos en tiempos de confinamiento social, teniendo que dejar ingresos laborales para mejores temporadas; también, con los lamentables efectos de los trastornos a la salud mental de los hombres con los que comparten un mismo techo o un espacio laboral. Situaciones que las expone irremediablemente a vivir en alguna de las dimensiones de pobreza o a un entorno dominado por la violencia intrafamiliar, que puede llegar a poner en cuestionamiento su propia integridad física.

La pesadilla que México representa para las mujeres lo deja ver con toda claridad unas cuantas estadísticas oficiales. De acuerdo con el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, durante el año pasado se registraron 3 mil 754 lamentables muertes de mujeres investigadas por el delito de feminicidio u homicidio doloso. Indicador que hará recordar a esta administración como uno de los periodos más letales para las mujeres, no sólo por el reporte de 10 asesinadas diarias, en promedio; sino porque, desde 2018, en dos años se han registrado el mayor número de homicidios dolosos en la historia contemporánea de nuestro país. Si se considera la falta de estrategia exitosa para disminuir los contextos de violencia prevaleciente en muchos de los hogares y municipios, la prospectiva de corto plazo es por demás desalentadora.

Al igual que en materia de seguridad, las mujeres son las primeras en estar marginadas del bienestar económico. Esto porque, además de que se sufren de alguna dimensión de pobreza en un porcentaje mayor que los hombres, son cada vez más mujeres las que viven bajo estas lacerantes condiciones. Con cifras del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social difundidas por los medios de comunicación, hoy se sabe que entre 2018 y 2020 dos millones de mujeres adicionales se incorporaron a la población en situación de pobreza, alcanzando un total de 29 millones 100 mil de ellas. Los especialistas en programas de gobierno afirman que habrá de esperar a mediados de este año para saber si la política social del país está funcionando en un contexto sin pandemia, pero de alta inflación; sin embargo, con estas tendencias preliminares y las deficiencias en los reglamentos que norman el monitoreo, seguimiento y resultados, tampoco es posible mostrar demasiado optimismo acerca de sus efectos favorables en la mejora de la calidad de vida de las mujeres.

Por éstas y otras graves amenazas que ellas enfrentan, resultan incomprensible las decisiones tomadas por el gobierno federal, las cuales agravaron de manera directa el estado de las libertades, la protección de la vida y las necesidades de un mejor ingreso de millones de mujeres en todo el país. Decisiones que, por cierto, han sido duramente sancionadas por las votantes en las urnas, como sucedió en la pasada elección de 2021, donde Movimiento Regeneración Nacional se vio derrotado en la mitad de las alcaldías de la Ciudad de México. Entre otras razones, precisamente por agravios a este sector, como fueron la desaparición de los refugios para mujeres víctimas de violencia, las estancias infantiles y las escuelas de tiempo completo. Políticas públicas que arropaban a quienes no tenían lugar dónde resguardarse en lo personal o dejar a sus hijos en un sitio seguro y productivo mientras luchaban por mantenerse en el mercado laboral para solventar sus obligaciones financieras más básicas.

• No es encapsulando la manifestación libre de las mujeres ni mediante actos de propaganda preelectoral a puño levantado entre funcionarias públicas, como gusta la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, como se resolverán los desafíos propios de las mujeres. Es tiempo de escuchar y actuar en corresponsabilidad, más aún si se ejerce una instancia de poder público.