Es amenaza, no libertad de opinión

La vertiente del debate es, a todas luces, equivocada, porque la gravedad no trata de la libre expresión de las ideas, ni del derecho a la información de una persona. La escalada discursiva del presidente Trump y su determinación a llevar hasta las últimas consecuencias su estrategia política, así conlleve muertes de por medio, como sucedió en el ataque al Capitolio, se trata exclusivamente de una amenaza a la seguridad nacional de Estados Unidos, con potenciales efectos en la estabilidad internacional. La amenaza de perpetuarse en el poder por la vía violenta debe ser respondida sin cortapisas desde todos los frentes posibles, bien se trate de acciones institucionales, corporativas o de la sociedad civil norteamericana.

Es una amenaza a la seguridad nacional, porque las expresiones presidenciales no se orientan a posicionar su parecer respecto del proceso democrático. Un proceso que, por cierto, tiene la misma legitimidad al ocurrido hace cuatro años, el cual le concedió la victoria sobre la aspirante demócrata, Hillary Clinton. Sólo que en esta última justa electoral de noviembre pasado el presidente Trump perdió por más de 7 millones de votos, quedando con 74 delegados menos en el Colegio Electoral, tras un manejo desaseado de la pandemia por covid-19 y una campaña que dejó de hablarle a varios segmentos de votantes.

Tampoco se reconoce en la narrativa presidencial un apego a los hechos, pues una parte de importante de esos sufragios fueron contabilizados por manos republicanas, las cuales se negaron a la posterior presión presidencial de alterar los resultados consignados en los conteos; o que las cortes recibieron las múltiples impugnaciones del equipo legal del mandatario y fueron desechadas por carecer de sustento. Entre ellas, las 50 sentencias en contra emitidas por la Corte Suprema, aun cuando esos casos fueron analizados por una mayoría de magistrados conservadores que controlan en número la máxima instancia judicial.

Por eso, la escalada discursiva va más allá de emitir una opinión respecto del sistema institucional, al existir indicios claros de estar orientada a trastocar el orden constitucional e impedir el funcionamiento de las instituciones. Fue el presidente Trump, integrantes de su familia y los colaboradores más cercanos quienes, por semanas, han rechazado el aceptar la derrota acusando un fraude masivo, sin pruebas y bajo teorías absurdas de conspiración, para mantener viva la proactividad de sus bases más leales.

Fueron ellos quienes alentaron la movilización hacia Washington de miles de simpatizantes, la realización del mitin a las afueras de la Casa Blanca y la marcha multitudinaria hacia el Congreso para “luchar como en el infierno”, el mismo día en que se validarían los votos del Colegio Electoral. Las sospechas en la intención de trastocar el orden constitucional se incrementan, al surgir preguntas sobre por qué un comandante del Pentágono y otras autoridades rechazaron el despliegue oportuno de efectivos para proteger la sede legislativa, de acuerdo con la versión del jefe de la policía de esa capital.

Asimismo, las crónicas periodísticas dan cuenta de que en el ataque al Capitolio había personas con walkie-talkies, chalecos antibalas y aditamentos para someter físicamente a personas; además de legisladores republicanos afines al presidente Trump que dentro y fuera de la marcha pugnaban por impedir la validación del Colegio Electoral. Indicios que hacen ver algo muy distinto a una manifestación espontánea. Lo peor es que la embestida democrática no ha terminado, pues ahora se está bajo alerta de nuevas manifestaciones con gente armada en las capitales de los estados.

Por eso, el presidente Andrés Manuel López Obrador en esta ocasión se equivoca. No se trata de un tema sobre la libertad de expresión y el derecho a la información. Se trata de la supervivencia misma de la democracia y el respeto al mandato ciudadano. Espero que en México no nos equivoquemos en el futuro, como en estos días lo ha hecho Estados Unidos.