Entre corcholatas y vacíos

Es importante recordar que este mitin realizado por Morena no es el primer eslabón de la cadena por el control político-electoral del país. Prácticamente desde el inicio de la presente administración, los partidos de oposición han denunciado públicamente distintas tácticas encaminadas a alterar la evolución natural de los climas políticos locales.

El Movimiento Regeneración Nacional (Morena) está cada vez más dispuesto a caminar sobre los linderos de la ilegalidad con tal de llegar en ventaja electoral irreversible a los comicios presidenciales de 2024. Así lo reafirmó la dirigencia nacional de ese partido con el mitin realizado el fin de semana pasado en la capital del Estado de México. Una concentración de liderazgos y simpatizantes que no puede ser catalogada como un simple evento de unidad entre aspirantes ni como una “asamblea informativa”, sino como un claro acto anticipado de campaña en busca de posicionar a sus precandidatos presidenciales entre las amplias audiencias. 

En los medios de comunicación sobran las evidencias que lo confirman. Entre ellas, las notorias movilizaciones de ciudadanos que organizaron las corrientes internas en contienda, los enmarques discursivos y las arengas proselitistas por parte de aspirantes y simpatizantes, así como la contratación de carteleras móviles en las que se promociona la imagen personal de servidores públicos federales. Toda una dinámica y logística de partido que constituye una franca violación a la ley electoral, al involucrar conductas y actividades que corresponden estrictamente a un proceso formal de campaña, el cual está a más de un año de comenzar. 

 Sin embargo, es importante recordar que este mitin realizado por Morena no es el primer eslabón de la cadena por el control político-electoral del país. Prácticamente desde el inicio de la presente administración, los partidos de oposición han denunciado públicamente distintas tácticas encaminadas a alterar la evolución natural de los climas políticos locales, a partir de la incidencia indebida de autoridades federales. Ahí están los contrapesos y recursos dominados por los llamados “superdelegados” a favor de proyectos específicos, los constantes recorridos de los “servidores de la nación” que han sido sorprendidos difundiendo argumentos de partido, así como la coerción electoral hacia los beneficiarios de los programas sociales. 

 A esta estructura se suma, como ha sido ya referido en este espacio, la amenaza de voceros nacionales del régimen a cualquier gobernador de oposición que se atreva a apoyar a los candidatos de la coalición; mientras, en paralelo, los aspirantes presidenciales de Morena y otros dirigentes de ese movimiento participan —sin cortapisa alguna— en cuanto acto proselitista puedan en los estados y los municipios más importantes del país. Bajo estas tácticas, no sorprende que, al día de hoy, ese partido controle dos terceras partes de las gubernaturas del país. De esta manera, una vez extendido su dominio territorial, ahora van por normalizar la actividad electoral de sus precandidatos a la Presidencia de la República, así sea menospreciando la legalidad en sus acciones. 

 En Morena hay una ruta clara hacia el 2024: el estado permanente de campaña de toda la estructura gubernamental y de partido. Quizá una de las vertientes más lamentables sea que, bajo el paraguas de esta operación política, con mítines como el de Toluca y la conversación que deriva de ellos, el electorado mexicano termine encontrando mucho más atractivo el proceso de definición de la candidatura presidencial de Morena —así se trate de un proceso determinado por encuestas—, que los silencios de una oposición entrampada en el debate interno sobre la conveniencia de ir o no en coalición. 

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 Sin duda, frente al proselitismo oficialista debe apretarse el paso opositor. La prioridad es establecer una ruta crítica persuasiva para los votantes, en la que sea la voz de las militancias y no la de los arreglos cupulares la que persista en la definición de quién abanderará la coalición opositora. PAN, PRI y PRD no se pueden dar el lujo de pactar un candidato presidencial en la mesa de negociación, sino de designar al más competitivo de sus representantes a partir de métodos democráticos, en los que se dé cabida a la participación directa de los ciudadanos. En cualquier caso, México no merece un futuro planteado por corcholatas y vacíos opositores, sino uno nacido de una ardua competencia electoral y apego a la legalidad. 

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