En México no existe huachicol ni fentanilo: López Obrador
Existe un ecosistema de impunidad donde el huachicol fiscal financia campañas, las campañas producen gobiernos leales y los gobiernos garantizan que la maquinaria siga funcionando
El huachicol fiscal es mucho más que un problema de contrabando de combustibles. Es una herida abierta en la Hacienda pública que drena al país más de nueve mil millones de dólares al año, según estimaciones del SAT. Esta modalidad de fraude, importar gasolina o diésel simulando que son aditivos para evitar el pago de impuestos, se convirtió en una maquinaria paralela que financia intereses privados y políticos. No hablamos de pequeños cargamentos clandestinos, sino de una red compleja que opera desde aduanas estratégicas como las de la frontera norte, Tampico, agentes aduanales, militares y empresarios.
La Fiscalía General de la República ya ha solicitado más de 200 órdenes de aprehensión contra miembros de esta red, incluyendo mandos de la Secretaría de Marina. El hecho de que las Fuerzas Armadas –pieza clave del actual gobierno– aparezcan en el epicentro del escándalo, debería ser motivo de alarma nacional, pero, sobre todo, a quien permitió que eso sucediera: Andrés Manuel López Obrador.
Pero el huachicol fiscal no se queda en el ámbito técnico o en el daño fiscal, ha tocado de lleno la política. Los casos recientes de financiamiento ilícito a campañas en Tamaulipas, Sinaloa, entre otros estados, muestran que esta economía criminal es también una economía electoral. Américo Villarreal, hoy gobernador de Tamaulipas, ha sido señalado por recibir más de 120 millones de pesos de Sergio Carmona, conocido como El Rey del Huachicol, para su campaña. El financiamiento se habría dado en plena contienda y en efectivo, sin rastro fiscal, a cambio de asegurar protección y continuidad a la red de contrabando. Las acusaciones no han derivado en procesos judiciales claros y el silencio oficial parece más una estrategia de contención política que una búsqueda de verdad.
El caso de Rubén Rocha Moya en Sinaloa es igual de inquietante. Jocelyn Hernández Jiménez, fundadora de Morena y exfuncionaria de Bienestar, ha declarado que fue testigo de cómo maletas repletas de dinero llegaban a la casa de campaña de Rocha Moya, enviadas por El Chapo Isidro. Además, denunció la existencia de un esquema para declarar extraviadas tarjetas de programas sociales y desviar así recursos públicos a la campaña. Este testimonio, lejos de ser investigado con seriedad, ha sido minimizado y descalificado, cuando en realidad apunta a un patrón de financiamiento ilícito que compromete la legitimidad de las elecciones en uno de los estados más golpeados por el narcotráfico.
A este panorama se suma un episodio oscuro: la desaparición de dos marinos, quienes fueron vistos por última vez en una foto en donde acompañan a Américo Villarreal, misma que circuló en medios de comunicación, así como en redes sociales. Sus cuerpos nunca aparecieron y el caso permanece sin esclarecer. La desaparición de los marinos vinculados a un gobernador en funciones, en el contexto de una investigación sobre huachicol fiscal, es un síntoma de que las redes criminales tienen la capacidad no sólo de corromper instituciones, sino de eliminar testigos incómodos.
Lo que estamos viendo es la consolidación de un ecosistema de impunidad donde el huachicol fiscal financia campañas, las campañas producen gobiernos leales y los gobiernos garantizan que la maquinaria siga funcionando. Es un círculo perverso que convierte a la democracia en rehén de intereses criminales. El discurso oficial insiste en que el combate a la corrupción es prioridad, pero la falta de sanciones visibles, la protección política y el silencio institucional, sugieren que estamos ante una complicidad estructural.
Si de verdad se busca desmantelar esta red, no bastan decomisos esporádicos ni capturas de operadores menores. Es indispensable publicar las carpetas de investigación, revelar los nombres de funcionarios, empresarios y operadores políticos involucrados, así como llevarlos a juicio. Sólo entonces la sociedad podrá recuperar algo de confianza en un Estado que hoy parece incapaz de garantizar justicia.
El huachicol fiscal no es un simple fraude de gasolina, es una disputa de poder. Ahí está la detención del vicealmirante Manuel Farías, ligado al exsecretario Rafael Ojeda y el presunto suicidio de Abraham Jeremías Pérez Ramírez, el día de ayer. Casos que muestran que este negocio ya ha llegado a los más altos niveles, con varios funcionarios y gobernadores de Morena. Ahora resulta que Andrés Manuel López Obrador no sabía, siendo un presidente que afirmó que se había acabado el huachicol en México y que no existía el fentanilo.