El llamado a la reflexión

La fórmula antisistema ha probado que sus efectos van más allá del periodo gubernamental que alimenta la polarización y el sentimiento de agravio entre segmentos sociales, así sea derrotada en las contiendas constitucionales. Lo observamos hace apenas unos días, en Brasil, con varios cientos de simpatizantes del expresidente Jair Bolsonaro.

La toma violenta de espacios que dan sede a la representación democrática de una sociedad debiera preocuparnos, porque los movimientos radicales alrededor del mundo intentan imponer formas autoritarias en el quehacer político, sin que estos intereses de minoría cuenten siquiera con una legitimidad ganada en las urnas. Por el contrario, ante la evidente falta de respaldo popular robusto a este tipo de posturas políticas, sus liderazgos siembran teorías de conspiración para socavar, de raíz y sin evidencia, al sistema institucional que los rechaza.

La fórmula antisistema ha probado que sus efectos van más allá del periodo gubernamental que alimenta la polarización y el sentimiento de agravio entre segmentos sociales, así sea derrotada en las contiendas constitucionales. Lo observamos hace apenas unos días cuando, en Brasil, varios cientos de simpatizantes del expresidente Jair Bolsonaro tomaron por asalto las sedes de la presidencia, el Congreso y el Poder Judicial, en actos de barbarie orientados a propiciar las condiciones de un golpe de Estado en contra de la recién iniciada gestión de Luiz Inácio Lula da Silva.

Desafortunadamente, Brasil no es el único caso de América Latina. En Perú, el desempeño autoritario de un mandatario en funciones, el de Pedro Castillo, fue a tal extremo que se atrevió a emprender un golpe de Estado mediante el intento de disolver el Congreso, a fin de evadir las consecuencias derivadas de las acusaciones formales de corrupción interpuestas en su contra por los legisladores. Ante la gravedad de los hechos, Castillo fue marginado del poder por su propio partido y, aun con él en la cárcel, sus simpatizantes más leales sumen a Perú en la violencia y la inestabilidad, movilizados por un discurso tan irracional como incendiario, sembrado durante su paso como presidente.

En este panorama, quizá no haya ejemplo más avanzado de los riesgos democráticos de la radicalización que Estados Unidos. Las teorías de la conspiración difundidas por el expresidente Donald Trump, y con la cuales pretendió revertir de manera tan artificial como ilegal su derrota en las elecciones de 2020 —según han constatado la prensa y las pesquisas formales del caso—, terminaron por desencadenar el asalto al Capitolio. Lo paradójico es que los más de novecientos arrestos que se han realizado desde aquella tarde de enero 6 del año pasado están lejos de extinguir el impulso del fanatismo prevaleciente en la extrema derecha estadunidense.

El movimiento nacionalista sigue por demás vigente. Por un lado, la prensa reporta que la investigación criminal más grande en los 153 años de existencia del Departamento de Justicia de Estados Unidos fue respondida por grupos ultraconservadores con una recolección de donativos que alcanzan ya los casi cuatro millones de dólares, a fin de destinarlos a la defensa legal de esos mismos cientos que formaron parte de la revuelta violenta que puso en riesgo la integridad de los legisladores reunidos en sesión para validar el triunfo democrático de Joe Biden.

Por el otro, el golpe de la extrema derecha pudo no haberse consumado en el marco del asalto al Capitolio, pero sí mantiene secuestrado el funcionamiento del Congreso tras los resultados de la elección de 2022, en la que una minoría radical del Partido Republicano consiguiera hacerse integrante de las comisiones de trabajo más relevantes de la legislatura, así como prácticamente tener derecho de veto sobre las iniciativas a discutir por el pleno, a cambio de permitir que el líder del grupo republicano pudiera tomar protesta como presidente de la Cámara de Representantes. Así, el golpe se está consumando desde adentro.

En nuestro caso, México transita por una preocupante vereda de deterioro generalizado, en la que el discurso de la polarización busca evadir la rendición de cuentas e imponer una ideología de corte autoritaria, con el fin de buscar la prolongación de un proyecto político, así se inhabiliten las instituciones que garantizan la equidad democrática, como el Instituto Nacional Electoral. La trayectoria es clara y debe llamarnos a la reflexión sobre cómo, desde la sociedad en su conjunto, podemos inhibir la inestabilidad y la violencia del mañana.

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