El ataque es a los ciudadanos

El ataque de Morena a la institución electoral no es contra uno o dos consejeros electorales, sino contra todos los ciudadanos. Por un lado, porque resulta un contrasentido urgir desde el régimen a la aprobación de una reforma en los términos planteados, cuando las instancias electorales ciudadanizadas han venido confirmando numerosas victorias al partido oficial.

Quizá como ninguna otra institución pública en México, es el Instituto Nacional Electoral la organización federal más alineada con el cambio social. El reconocimiento generalizado al INE es producto de un recurso humano técnico e imparcial, el cual ha asumido con probidad el control del andamiaje electoral; pero, sobre todo, proviene de que el actor central de la organización de los comicios y cuenta de votos es la ciudadanía determinada a darse una gobernanza democrática.

Bajo dicha consideración, el ataque del Movimiento Regeneración Nacional a la institución electoral no es contra uno o dos consejeros electorales, sino contra todos los ciudadanos. Por un lado, porque resulta un contrasentido urgir desde el régimen a la aprobación de una reforma en los términos planteados, cuando las instancias electorales ciudadanizadas han venido confirmando numerosas victorias al partido oficial en los distintos órdenes ejecutivos y legislativos, conforme lo expresa su grado de competitividad en las urnas. De ahí que, si hay una probada fuente de legitimidad por su participación colectiva e independiente, es el INE.

En este marco, el intento injustificado de —por ejemplo— quitarle al Instituto Nacional Electoral la administración del padrón de los mexicanos en posibilidad de votar no es otra cosa más que arrebatarle a la pluralidad ciudadana su predominio en las elecciones, con el objeto de sustituirla por intereses políticos opacos de la elite gobernante. Una clase gobernante que, por cierto, aceptó entre sus representantes más visibles a quienes protagonizaron los mayores escándalos de fraude electoral en las inolvidables etapas del autoritarismo.

Y, por el otro, es un claro ataque del régimen a la ciudadanía al darle la espalda al extendido reclamo social de evitar emprender una regresión antidemocrática con una reforma al INE. La elite gobernante ya nos había dado muestra fehaciente desde 2018 de su divorcio de amplios segmentos ciudadanos, a partir de los crecientes conflictos con la comunidad científica, el sector empresarial, las corporaciones civiles de seguridad, el circuito cultural, los atletas de alto rendimiento, los estudiantes, las mujeres e, incluso, un número creciente de liderazgos y militantes de Morena que exigen respeto a los procesos de democracia interna.

En esa bola de nieve, la ciudadanía democrática es la nueva adversaria en el ideario del poder. El régimen volvió a la carga en el contexto de la marcha del domingo entorpeciendo —hasta con un campo de beisbol en el Zócalo— el derecho que tiene toda persona a la libre manifestación y al uso del espacio público. En ello, destaca, además, la lamentable descalificación emitida desde el gobierno federal, la cual acusa que la marcha en defensa del INE fue para preservar los privilegios y la corrupción, cuando en realidad es justamente para evitar dotar de privilegios y márgenes de corrupción a funcionarios con escasa credibilidad, al darles nuevos poderes discrecionales para manipular el desarrollo y resultado de los procesos electorales.

Sin olvidar el penoso actuar del Gobierno de la Ciudad de México. Instancia que buscó desmovilizar ciudadanos con una sospechosa contingencia ambiental y la encendida de las fuentes a nivel de piso de la plaza del Monumento a la Revolución, en momentos en que miles de manifestantes se concentraban en ella. Esta es la “ciudad de derechos” gobernada por Morena a la que toda expresión de la pluralidad tiende a rociarle agua o gas lacrimógeno, según dan reporte en el tiempo diversos medios de comunicación.

Los voceros del partido en el gobierno, Morena, podrán descalificar la marcha, pero cierran los ojos ante una realidad evidente: más allá del INE y de los perfiles de cierta visibilidad que participaron en la manifestación, los mexicanos viven en un país donde el poder público tiene límites y está sujeto a la rendición de cuentas, le guste o no a la administración en turno.

En distintos momentos, quienes hoy conviven en Morena han errado en su reacción frente manifestaciones ciudadanas con importantes costos políticos y electorales, por lo que ésta puede ser una buena oportunidad para la oposición y votantes independientes en despertar una amplia discusión del país que queremos construir a partir de 2024. Un México muy distinto al que ofrece Morena, con mejores políticas públicas y, cuando menos, uno donde el gobierno deje de atacar a sus ciudadanos.

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