¿Dónde quedaron los abrazos?

En los últimos años, la seguridad en México ha sido uno de los temas de mayor importancia no sólo en lo local, sino a nivel internacional. Una de las promesas del gobierno actual fue remediar este flagelo que día con día se sufre en nuestro país, tema que también ha sido ocupado durante estos últimos años en las conferencias mañaneras de la Presidencia de la República.

Al inicio de la actual administración se implementó la política de “abrazos, no balazos”, sumado a la crítica diaria de las anteriores administraciones, culpándolas de, supuestamente, haber agitado el avispero. En esos momentos, muchos mexicanos confiaron en que esta nueva política funcionaría, pero después de cinco años podemos decir que ha sido un gran fracaso, por lo que ya no cabe el discurso de culpar al pasado: la realidad los alcanzó.

Hoy, por más que insisten en querer vender la imagen de un México más seguro, la realidad es otra. Esto se puede observar al seguir todos los días los medios de comunicación nacionales e internacionales, así como a organizaciones no gubernamentales, llámese el Instituto para la Economía y la Paz, el cual, de 163 países, ubica a México en el número 137 en materia de seguridad; o la Iniciativa Global contra el Crimen Organizado Transnacional, que nos coloca como el cuarto lugar de las naciones con mayor crimen organizado.

Desafortunadamente, la tasa de homicidios en México no disminuye; al contrario, va en aumento. Durante la actual administración, las cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública y del Instituto Nacional de Estadística y Geografía indicaron que durante el segundo trimestre del año se han registrado un total de 156 mil 136 homicidios, superando a las administraciones pasadas, convirtiendo a este en el sexenio más violento en la historia moderna de nuestro país; esto sin contar que aún falta más de un año para el término de la administración. Después de cinco años, insisten en querer culpar al pasado.

Se pueden decir muchas cosas en las mañaneras, pero basta con ver la información cotidiana para conocer la realidad del país. Ayer mismo, un periódico de circulación nacional informó que de 2018 al 2023 el país reporta 43 mil 302 personas desaparecidas; o el mismo Secretariado Ejecutivo, que ubica al Estado de México y a la Ciudad de México con el mayor número de delitos, como homicidio doloso y abuso sexual, entre otros.

En las últimas semanas hemos sido testigos de hechos como el del Estado de México, donde aparecieron colgados cuerpos en un puente peatonal en una de las avenidas más importantes de Toluca, como lo es Paseo Tollocan; o en Nuevo León, donde en el municipio de Apodaca ejecutaron a seis personas el pasado 4 de julio durante la madrugada; así como la violencia que hasta hoy se vive en Chilpancingo, donde asesinaron a seis transportistas, por lo cual, la alcaldesa, queriendo minimizar lo sucedido, aseveró que “todo está bien, no se la crean”; misma alcaldesa que hace unos días fue captada en una foto que se publicó en redes sociales saludando a un supuesto líder del crimen organizado, lo que provocó que los ciudadanos del municipio salieran a las calles, tomaran las instalaciones de la policía y del Congreso local.

Además, pudimos observar las declaraciones del gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, quien, de una manera cobarde y sin una sola prueba, acusó al clero de tener nexos con el crimen organizado. Esto por una declaración del obispo de Apatzingán, Cristóbal Ascencio García, quien durante su homilía del pasado domingo 2 de julio criticó el evento realizado en el Zócalo para festejar los cinco años del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, diciendo: “En lugar de festejar en el Zócalo, por qué no declarar un día de luto, de duelo nacional por tantos hermanos en nuestro país que han perdido la vida por la violencia”.

El obispo tiene razón porque tan sólo en este año la violencia aumenta y no sólo en los estados ya mencionados, sino también en Zacatecas, Chiapas, Colima, Tamaulipas, Morelos, Chihuahua, Veracruz, entre otros.

Es claro que la política de los abrazos no funcionó. Hoy, México vive su peor momento en materia de seguridad y ya no se puede culpar al pasado, pues durante cinco años el gobierno en el poder ha tenido la oportunidad de implementar una política social que realmente ayudara a las familias —pero, sobre todo, a los jóvenes— a alejarse de la tentación de pertenecer a algún grupo delictivo.

También es claro que al crimen organizado se le debe enfrentar y no solapar; de seguir así, el control político y social de varios estados del país quedará en manos de estos grupos.

Por tanto, el próximo presidente de la República tiene el gran reto de generar una estrategia de seguridad funcional y ponerle un “hasta aquí” a la delincuencia organizada.