Defendamos nuestras libertades

En México, hoy el poder se ejerce con imposición. Lo que Morena alguna vez combatió desde el discurso opositor, hoy lo institucionaliza desde el gobierno. Censura, vigilancia y concentración de poder ya son una constante en la Cuarta Transformación.

Ayer comenzó el periodo extraordinario del Congreso de la Unión, aprobado por la mayoría de Morena con el propósito de sacar adelante una serie de iniciativas sin el análisis técnico ni el consenso que exige un proceso legislativo responsable.

Morena impulsa una serie de iniciativas que permiten al Estado acceder a tus datos personales: ubicación, llamadas, mensajes, CURP, huellas digitales, sin ningún tipo de orden judicial, sin vigilancia. Lo que antes era ilegal, hoy es política pública; un espionaje arbitrario, masivo y sin frenos. Mientras al crimen organizado se le dan abrazos, al ciudadano se le violan sus libertades. Este gobierno no quiere ciudadanos informados, quiere ciudadanos vigilados.

Hoy, es evidente que el discurso que mantuvo durante muchos años la Cuarta Transformación, de la mano de López Obrador, sobre las libertades y la anticorrupción resultó falso, ya que ahora es claro que lo que siempre buscaron fue quitar las libertades a los mexicanos.

A esta medida se suma la propuesta de reforma a la Ley Federal de Telecomunicaciones, que permitiría al gobierno acceder a datos de usuarios, bloquear plataformas digitales y ejercer vigilancia con criterios amplios y discrecionales. Desde la oposición hemos advertido que esto es una antesala al control del ciberespacio, una vía para silenciar la crítica y limitar el debate público bajo el argumento de la gobernanza digital. Los ataques a la libertad de expresión no son únicamente desde el gobierno central, no olvidemos la escena ocurrida en el Senado de la República, Gerardo Fernández Noroña, presidente de la Mesa Directiva, obligó públicamente a un ciudadano a disculparse por expresarse en su contra. Ese acto, lejos de enaltecer la institucionalidad, se convirtió en una demostración de fuerza autoritaria que atenta contra la libertad de opinión. A esto se suman las sanciones impuestas a una ciudadana por alzar la voz sobre Diana Karina Barreras, esposa del presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Gutiérrez Luna, mismas que versan en una multa económica, disculpas en sus redes sociales personales durante 30 días y el registro de su nombre dentro del listado de personas sancionadas en materia política de genero, todo esto por una opinión en redes sociales.

En Campeche, un periodista fue vinculado a proceso por cuestionar a la gobernadora. En Puebla se aprobó una reforma penal que castiga con cárcel las expresiones que “ofendan” a funcionarios. Estos hechos evidencian una estrategia más amplia: inhibir la crítica y judicializar el disenso.

Éste no es el camino: no se combate la inseguridad censurando voces, no se construye una democracia espiando ciudadanos y no se protege a la sociedad cuando el gobierno antepone sus propios intereses por encima de los derechos individuales.

Hoy más que nunca, México necesita que sus ciudadanos alcen la voz. El régimen ya controla los tres poderes del Estado y ahora pretende extender ese control hacia la vida privada de las personas utilizando la tecnología como instrumento de vigilancia. En una democracia, el poder debe tener límites claros y, cuando los contrapesos institucionales han sido rebasados, es la sociedad la que debe defender sus libertades.