De la división a la impunidad, la política del gobierno

Respecto del atentado sufrido por el compañero Ciro Gómez Leyva, comienzo por mandarle un gran abrazo y toda mi solidaridad. A todos nos da mucho gusto y anima verle bien y escucharlo en sus distintos programas de noticias. Ante la gravedad de lo ocurrido, el Gobierno de la Ciudad de México está obligado a conducir una investigación expedita que identifique tanto a los responsables materiales e intelectuales como los móviles que provocaron la emboscada, además de llevar a los presuntos criminales ante las instancias de justicia. El caso no puede ni debe dar lugar a una peligrosa señal de impunidad, entre aquellos dispuestos a atentar contra la vida de los periodistas profesionales, así como diferentes personajes de la vida pública que en muchas ocasiones piensan distinto a lo que se dicta en las mañanas en Palacio Nacional. Si esa señal persiste, más pronto que tarde será alta la probabilidad de vernos orillados a tener que lamentar hechos similares provocados por la división que se quiere profundizar entre los mexicanos.

Los frecuentes ataques armados, como el ocurrido en la noche del pasado jueves, mientras Gómez Leyva se trasladaba de Imagen Televisión a su domicilio particular, nos recuerda, una y otra vez, la delicada situación que vive la libertad de expresión en México. Esto, al encontrarse inserta en un contexto de deterioro en las diversas entidades federativas del país, que busca acallar voces críticas o inhibir el periodismo de investigación, con el objetivo de que intereses de grupo o al margen de la legalidad se desarrollen sin ser molestados.

El problema es que, por la naturaleza de la estrategia de comunicación social que se sigue desde el gobierno federal, mentes con tendencia criminal pareciesen leer entre líneas que tienen carta abierta para cometer delitos y atacar a aquellas personas que difieren del régimen. En el marco de dicha estrategia, al menos son dos los factores que operan en ese sentido.

Primero, la continuidad de la ruta de la polarización social. Cuando se asume la comunicación social de gobierno existe una disyuntiva: o se emprende con mucho esfuerzo la tarea de conciliar distintos puntos de vista que conviven al interior de la sociedad mexicana, con el propósito de ganar un respaldo democrático robusto a las decisiones y políticas públicas emprendidas desde las instituciones, o se avanza sobre el peligroso camino de remarcar las diferencias y agravios entre segmentos poblacionales para gobernar sustentado en las concepciones de una minoría radical. El gobierno federal no sólo escogió esta segunda vertiente, sino que parece hacer de la descalificación directa a periodistas y medios, entre otros actores relevantes, un método para sembrar entre sus afines la desconfianza sobre la cobertura noticiosa y, con ello, tratar de evadir los costos derivados de críticas legítimas a decisiones mal tomadas o a políticas públicas que han quedado cortas en la generación de los beneficios esperados.

Y, segundo —como nunca antes—, desde los micrófonos oficiales se ha emitido una serie de mensajes de tolerancia hacia la actividad criminal. En coyunturas críticas de seguridad, donde lo entendible sería el escuchar una condena contundente del poder público a quienes cometen los delitos que más agravian —como son el propio homicidio y la detonación de violencia—, en sentido contrario, las voces gubernamentales enfatizan que los delincuentes son seres humanos a los que se les guarda respeto o que a los criminales se les debe abrazar en vez de perseguir, bajo el falso dilema de que someterlos al Estado de derecho sólo conduce a más violencia (cuando ésta, por cierto, ya se sufre por muchos). Situación que da pie a mayores incentivos para la comisión de delitos ante autoridades que se presentan con brazos caídos y ciudadanos impotentes frente a la inacción de gobierno.

Lo preocupante es que, por los posicionamientos oficiales tras el atentado a Ciro Gómez Leyva, el gobierno federal ha dejado en claro que no modificará los fundamentos de su estrategia de comunicación y que la intencionalidad de polarizar seguirá al costo que sea. Así esto genere una división más profunda entre los mexicanos y se convierta en un detonador de violencia. Ojalá que los estrategas del gobierno federal terminen por darse cuenta de que la ruta de denostar la libre expresión no conviene a nadie, empezando por la viabilidad de la “transformación” que supuestamente impulsan.

A los lectores de Excélsior les deseo felices fiestas y un gran 2023. Nos volvemos a encontrar en este espacio el 10 de enero.