Constitución y construcción democrática

El mundo está inserto en un periodo histórico donde los regímenes democráticos le quedan a deber al bienestar creciente de los ciudadanos, y los marcos constitucionales son percibidos cada vez más como instrumentos que poco explican orden y mejoras en la calidad de vida de las sociedades. En particular, la ley es accesoria para nuestra región: de acuerdo con el Latinobarómetro de 2020, 84% de los latinoamericanos piensa que las personas de sus países cumplen poco o incumplen las normas que les rigen.

Los graves retos que enfrentamos derivados de una economía internacional que no encuentra carril en décadas para el crecimiento sostenido, de un entorno social cada vez más violento e inseguro, así como de una emergencia sanitaria que impactó en la salud y la vida de millones de seres humanos, entre otras deudas estructurales con los sectores en situación de vulnerabilidad, son factores que alimentan el deseo colectivo de cambiar de ruta a fin de construir un orden diametralmente distinto que corrija desigualdades y agravios históricos.

Más aún cuando los marcos constitucionales son considerados como caducos, insuficientes o ilegítimos, al ser —en este último caso— impuestos por visiones totalitarias surgidas de golpes de Estado y partidos dominantes. Las sociedades nunca pierden la esperanza de que una buena norma superior finalmente permita su acceso al disfrute de mayores grados de libertad y amplíe el acceso a servicios esenciales de calidad, como la educación y la salud.

El problema es que los intentos de construcción de nuevos órdenes parten de los vicios de origen que desean superar, así como requieren del respaldo de mayorías robustas, que son muy difíciles de concretar en contextos de sociedades altamente polarizadas. Fenómenos que restringen su viabilidad política y social, haciéndolos naufragar por más arraigada que esté en una sociedad la aspiración de cambio.

Es el caso del fallido intento en Chile. Un movimiento que parte de una aplastante mayoría ciudadana favorable a la sustitución de la constitución heredada por el régimen autoritario de Augusto Pinochet, pero que, en el camino procesal, va profundizando los disensos que llevan a inhabilitar la aprobación del proyecto, como consecuencia de una toma de decisiones poco estratégica de los constitucionalistas y un texto final que está lejos de representar a amplios segmentos chilenos.

Todo un esfuerzo que parte de un marco constitucional cuestionado por una amplia mayoría, para terminar proponiendo otro que sólo es respaldado por una notoria minoría. Si el cambio normativo iba a pasar por las urnas, resulta por demás iluso de los sectores políticos más radicales el pensar que la moderación programática podría eliminarse del cuerpo normativo que se le iba a proponer al electorado. A todas luces previsible si se considera, además, que el presidente Gabriel Boric enfrenta un Congreso fragmentado, en donde la izquierda no cuenta con una mayoría suficiente para siquiera respaldar su agenda de gobierno.

Otros vientos de cambio normativo de fondo confluyen en la región, aunque no tan democráticos como en el malogrado caso chileno. Por ejemplo, sectores radicales del Partido Republicano en Estados Unidos coinciden en que debe iniciarse un proceso para reescribir la constitución de ese país, por lo que las legislaturas estatales bajo su control deben llamar formalmente a una convención para ese propósito.

Lo grave es que el intento está dominado por perfiles políticos que han respaldado la pérdida de libertades impuesta desde los fallos de la Suprema Corte, las teorías de fraude en las elecciones de 2020 sin la consecuente difusión de una sola prueba que lo sustente, así como las mayores restricciones a las alternativas en la emisión del voto. Toda una cosmovisión radical asociada al trumpismo que, de emprender el cambio constitucional, sólo profundizaría la polarización y el conflicto al interior de la nación más poderosa del planeta.

A los casos de Chile y Estados Unidos les acompaña una serie de países con legislaturas que pretenden pasar por encima de sus constituciones, con leyes que les son contrarias en letra y espíritu. Las realidades en la región están empujando a nuevos marcos normativos, pero no se puede pasar por alto la importancia de recobrar la tolerancia, el diálogo democrático y la concertación para asegurar que estos sean constructivos y benéficos para nuestras sociedades.