Para sorpresa de nadie, sin sopesar los vacíos legales que contiene ni las afectaciones para inquilinos y propietarios de un inmueble, la mayoría morenista en el Congreso de la Ciudad de México se apresta a aprobar en los próximos días la iniciativa de Ley de Relaciones Inquilinarias y Rentas Justas, Razonables y Asequibles, presentada por la jefa de Gobierno Clara Brugada.
Como ocurre en el Congreso federal, la bancada del oficialismo en la capital coordinada por Xóchitl Bravo Espinosa, tiene la consigna de darle salida fast track, sin moverle “ni una sola coma”, pese a que abogados constitucionalistas y especialistas inmobiliarios han advertido de los grandes riesgos que conlleva.
Entre estos se enlistan la violación a la libertad contractual, la reducción de los derechos de los inquilinos, la cancelación de los contratos de arrendamiento para evitar registrarlos —como obligaría la nueva ley— y un aumento sustancial a las rentas antes de que las nuevas reglas entren en vigor.
Pero no sólo eso; la iniciativa de Clara Brugada plantea también sanciones económicas tanto para propietarios de inmuebles como para inquilinos que incumplan la nueva norma y las cuales podrían ir de los 2 mil 932 pesos hasta los 46 mil 924.
¿Acaso algún legislador del oficialismo ha cuestionado que esas disposiciones podrían provocar que se retiren inmuebles en renta, reduciendo la oferta y contrayendo el mercado? La respuesta es no. Es decir, si una persona, un estudiante o una familia se ve en la necesidad de rentar un cuarto o un departamento en la CDMX, se encontrará con la sorpresa de que ya no habrá inmuebles disponibles porque los propietarios encontrarán en la nueva ley más riesgos que beneficios.
Para muchas familias un departamento en renta es patrimonio; el ahorro de una vida, una herencia, el complemento de la pensión y, por lo tanto, no van a poner en riesgo su inmueble ni sus ingresos por un capricho gubernamental. Los más afectados serán quienes por alguna necesidad estudiantil, laboral o familiar busquen sin éxito un lugar para rentar. Y si en medio de esa escasez de inmuebles disponibles logran encontrar alguno, no será sorpresa que la renta esté por las nubes.
Quienes conocen del tema nos refieren que ni los congresistas ni las autoridades han dimensionado la gravedad del daño social que se generaría. ¿Cabrá en este caso la prudencia de la mayoría morenista del Congreso capitalino? La experiencia nos dice que no, pero mientras no se apruebe siempre existe la esperanza. Veremos.
PUEBLA, GRAN INVERSIÓN EN SEGURIDAD
El gobernador de Puebla, Alejandro Armenta, se reunió con el alcalde de la capital, Pepe Chedrahui, para compartirle el balance de la inversión histórica de más de 11 mil 500 millones de pesos que el gobierno del estado ha destinado al municipio. En pleno proceso electoral por la alcaldía de la capital poblana no se frena la inversión. Por el contrario, se incrementa. Armenta Mier destacó que “con el respaldo de la presidenta Claudia Sheinbaum, se trabaja en favor de los poblanos”.
Hay que destacar que el Plan Estatal de Seguridad está “alineado” a la visión de paz y a los cuatro ejes estratégicos establecidos por el gobierno federal, entre los que figuran el impulso a las zonas más vulnerables en cuestiones de pobreza y desarrollo con el fin de prevenir el deterioro en el tejido social y el impulso a las comunidades de la entidad.
El estado está sosteniendo e impulsando la gestión de los municipios, principalmente de la ciudad de Puebla, lo que obliga a las autoridades municipales a dar resultados favorables no sólo en seguridad, sino también en otros rubros. ¿Por qué será que pese a esa multimillonaria inversión, Puebla capital es una de las ciudades peor evaluadas en el país en materia de percepción de seguridad?