Reforma pendiente

Los diversos sectores del país han insistido en la necesidad urgente de que el Poder Legislativo apruebe la Ley General de Seguridad Privada ante la alta informalidad que se registra en ese ámbito en México, así como por la falta de estándares homologados para la operación de las diversas corporaciones que existen y la escasa coordinación con las autoridades, lo que pone aún en mayor riesgo a empresas y ciudadanos. Esta ley debió haberse expedido desde hace tres años y su objetivo es garantizar, de manera inmediata, un marco jurídico que garantice servicios de seguridad con altos estándares de calidad.

Voces como la de Armando Zúñiga Salinas, presidente de las Agrupaciones de Seguridad Unidas por México (Asume), han sido fundamentales para impulsar dicha ley ya que “es importante sumarla a la estrategia de seguridad integral del país. Este sector, con más de 600 mil elementos, cuida a la empresas, zonas residenciales e instituciones y puede representar hoy día hasta un millón de empleos a nivel nacional”. De hecho, la creciente inseguridad ha llevado al sector de la seguridad privada a desempeñar un papel esencial como complemento de las fuerzas públicas.

Sin embargo, este sector enfrenta obstáculos que deben ser considerados con urgencia. Uno de ellos es la falta de regulación uniforme, toda vez que la Seguridad Privada en el país se rige por una serie de normas y regulaciones dispersas y desactualizadas, lo que genera un vacío legal que permite la operación de empresas de seguridad privada sin los controles y supervisión necesarios.

Un marco regulatorio uniforme permitiría mejorar la calidad del servicio a través de empresas capacitadas y certificadas, así como garantizaría condiciones laborales dignas y fortalecería la confianza de quienes lo utilizan al combatir la informalidad que hoy existe en el sector. Los beneficios serían inmediatos para todos, ya que no sólo se combatiría la informalidad, sino también se garantizarían servicio más confiables y efectivos, se atraerían mayores inversiones y se fortalecería la colaboración entre la seguridad pública y la privada.

En mayo de 2021 se aprobó una reforma constitucional que facultó al Congreso para expedir dicha ley. Sin embargo, aunque el plazo venció en noviembre, aún no ha sido promulgada. Armando Zúñiga, líder del sector, anunció que la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del gobierno federal ya avanzó en un proyecto que se espera pronto sea probado bajo el liderazgo de Omar García Harfuch. Los legisladores tienen la palabra.

REFORMA JUDICIAL

La reforma judicial ha abierto signos de interrogación en un entorno complejo como el actual. Sin embargo, existe la confianza de que será un “paso crucial” para continuar con el combate a la corrupción y la manipulación del sistema. La propuesta de la elección de jueces y magistrados podría ayudar a reducir la influencia de “intereses externos” en la toma de decisiones judiciales.

El de Gabriel Mauricio Bernal Gómez es un caso que llama la atención, pues se ha convertido en un ejemplo claro de cómo un juez puede ser manipulado (argucias técnicas o corrupción) en perjuicio de la unión de los padres con los hijos en el caso de un divorcio. La demanda de su exesposa, Karen Victoria Huerta Villanueva, por una manutención millonaria al año sólo por haber sido presidente de la Asociación Mexicana de Empresas de Seguridad (AMESP), cargo pro bono (sin retribución económica), evidencia cómo dicho sistema puede ser utilizado para beneficio de alguna de las partes en cualquier demanda.

Hay confianza en que la reforma judicial ayude a eliminar este tipo de abusos y garantice un sistema más justo y transparente para mantener la unión entre padres e hijos en casos de divorcio. Ello permitirá que los menores de edad mantengan relación cercana con sus progenitores, lo cual estaría “en línea” con la estrategia presidencial de atender las causas que detonan la descomposición social en el país.