Paradoja constitucional

Al más puro estilo del pragmatismo político, el oficialismo aplica la vieja cultura del chantaje para presionar a sus aliados a aceptar la iniciativa de reforma electoral, preparada por uno de los sectores más radicales de la izquierda mexicana. Hoy presenciamos por parte de la llamada clase política una “puesta en escena” de alta contradicción, como es el hecho de que “el freno” a la modificación de las reglas de la competencia electoral no proviene de una defensa del Estado de derecho ni de la autonomía que desde hace más de 30 años gozaba el árbitro que calificaba los comicios en nuestro país.

Con dicha reforma, de ser aprobada a cambio de ceder gubernaturas y alcaldías a los aliados y reducir al mínimo a los opositores, el fundamento de los argumentos está, no en una defensa constitucional de las primeras modificaciones al órgano electoral del país que datan de 1990 para separarlo de quienes gobernaban en esos años, sino en algo “más simple” y paradójico: no perder plurinominales (diputados y senadores por voto proporcional) ni financiamiento por parte del Estado (dinero y prerrogativas para poder existir).

En pocas palabras, el sistema electoral mexicano comienza a dejar de ser un aparato de principios y preceptos constitucionales para depender ahora de “intereses de partido”, haciendo a un lado la integridad democrática y la fortaleza del pluralismo político que desde hace varias décadas ha caracterizado a la sociedad mexicana.

Lamentablemente, lejos de significar fortaleza democrática, ello demuestra precariedad institucional, que más temprano que tarde habrá de reflejarse en el énfasis hacia un nuevo sistema de “partido único” cuyas consecuencias las hemos vivido millones de ciudadanos, principalmente en el siglo pasado.

Ello cerrará espacio a las voces opositoras, necesarias en una democracia. Asimismo, cancelará espacios de participación ciudadana y –de nuevo– le entregará el control de la organización y arbitraje de la contienda al propio gobierno.

Vivir en democracia genera muchos costos, ya que deben atenderse y resolver las exigencias sociales, organizar elecciones y garantizar la observancia de los derechos humanos en un Estado de derecho. En cambio, vivir en una dictadura “es barato” económicamente hablando, porque basta un dictador y un cuerpo represor que acalle la protesta y desaparezca a los opositores, al tiempo de que no exista más ley que la que imponga el “iluminado”. Por ello, quienes hoy advierten el riesgo afirman que más vale una democracia cara que una dictadura gratuita. Las ocurrencias siempre salen muy caras.

Como diría el clásico: “Esa película ya la vimos”. Y lo peor, ya conocemos el final.

YUCATÁN “BAJO FUEGO” QUINTANARROENSE

Para los “altos” mandos de la policía del otrora pacífico Yucatán no hay otra explicación a lo sucedido en el municipio yucateco de Dzilám González (cerca del litoral norte del estado), la tarde del pasado 5 de enero cuando sicarios del narco atacaron y asesinaron a balazos a tres personas en un rancho, que la protección que ha dado a los criminales el fiscal de Quintana Roo, Raciel López Salazar, a quien señalan de estar “embarrado” con las mafias que controlan la entidad del Caribe mexicano. Hasta el momento están detenidos 9 pistoleros pertenecientes al Cártel de Caborca, y dos permanecen prófugos “por culpa del fiscal”, asegura la policía yucateca. “Son facturas que nos cobran de otro estado”, advierte quien con su larga experiencia en la Seguridad de Yucatán lleva a cabo la persecución de los delincuentes que, aprovechando la debilidad del gobierno estatal, se “han asentado” en municipios de la costa yucateca para ampliar su poderío criminal en un estado que hasta hace unos meses se caracterizaba por ser apacible y tranquilo. Pueril la versión del fallido gobernador Huacho Díaz de que se trató de “un pleito entre familias”.