La administración de José Luis Lima Franco al frente de la Secretaría de Finanzas y Planeación (Sefiplan) de Veracruz, ha sido —por decir lo menos— irresponsable en el manejo de los recursos asignados al área deportiva del estado, ya que no sólo repartió dinero a equipos sin visión, sino que además otorgó estadios a empresarios poco solventes y con problemas económicos.
Motivado por su gusto personal hacia el basquetbol, Lima Franco gestionó la asignación de 34 millones de pesos para el equipo profesional Halcones de Jalapa mientras estuvo en manos de Ángel Morales Blanchet, según datos públicos disponibles en la plataforma de transparencia del gobierno estatal. Sin embargo, poco le duró el gusto, pues los recursos “desaparecieron” a través de un presunto fraude de una supuesta gestora de capital privado —TruCapitals— de acuerdo con una denuncia interpuesta por el propio Morales Blanchet ante la Fiscalía veracruzana, de la cual esta columna posee una copia.
El documento da cuenta que Ángel Morales Blanchet fue uno de los tantos defraudados por Rafael Ortega Zulueta por un monto de 19.5 millones de pesos, sin contar otros 3.5 millones entregados por familiares cercanos a dicha firma, que prometía rendimientos de 6% mensual. El afectado revela que su representada —Promoción Deportiva y Cultural, A. C. (subsidiaria de Halcones de Xalapa)— “invirtió en ese esquema, además de tener un usuario y una cuenta con la empresa TruCapitals”, según se lee en la denuncia. Hoy, dicho equipo de basquetbol enfrenta fuertes adeudos con proveedores, incluso no ha podido completar los pagos a sus jugadores.
Lima Franco también gestionó la entrega, en comodato, de las instalaciones del estadio Nido de Halcón en las que el gobierno de Cuitláhuac García invirtió más de 700 millones de pesos, caso similar a lo que ocurre con el estadio Luis Pirata Fuente, que le entregó a los Piratas de Veracruz a pesar de las irregularidades que arrastra y del veto que hace imposible levantar al equipo de futbol y, para lo cual, buscan llevar a los Toros de Celaya, lo que ha causado a su vez otros problemas en la ciudad guanajuatense.
¿Será que la gobernadora Rocío Nahle ponga orden? Sin duda que el balón está en su cancha.
CONSECUENCIAS DE LA INGOBERNABILIDAD
Son claros los signos de inestabilidad que hoy afectan al sureste mexicano en varios rubros de la vida pública, principalmente en materia social, económica y política. Claro ejemplo de ello es lo que sucede en el estado de Yucatán con el arribo del gobierno del hoy morenista Joaquín Huacho Díaz Mena, quien enfrenta problemas económicos y de seguridad.
Recientemente, en una población al sur de la entidad, Tekit, llamada la “capital de la guayabera”, ubicada a menos de una hora de Mérida, se suscitó el linchamiento de un joven de 21 años, quien horas antes bajo el influjo de las drogas, había asesinado a una mujer adulta mayor. El escándalo llamó la atención a nivel nacional por las circunstancias en que ocurrió, así como por el móvil de ambos crímenes: la proliferación de la distribución de drogas en un estado en el que se mantenía “cierto control” en materia de combate al narcotráfico. Hoy queda claro que la sociedad yucateca se descompone a mayor velocidad.
Ante tal panorama, la modificación en la estrategia de seguridad del estado y la falta de recursos para seguir “moviendo” la economía de la región, la empresa italiana Fincantieri —dedicada a la instalación de astilleros para la fabricación de barcos de gran calado— decidió cancelar la inversión por dos mil 800 millones de pesos que tenía programada desde el gobierno anterior del panista Mauricio Vila y retirarse del proyecto para el puerto de altura de Progreso; se iba a construir el astillero más grande en América Latina. Con ello, se “esfumaron” de un plumazo cuatro mil empleos directos e indirectos que estaban proyectados para los próximos años en Yucatán.