Capacitar al transporte federal

En México ya no es posible seguir llamando “accidentes” a lo que en realidad son fallas estructurales del Estado. La explosión de una pipa de gas en Iztapalapa, el 10 de septiembre del año pasado, no fue una fatalidad: fue la consecuencia directa de años de permisividad, capacitación simulada y operadores circulando sin estándares técnicos reales. Transportar gas, combustibles o sustancias peligrosas es una actividad de alto riesgo que, sin formación rigurosa, se convierte en una amenaza para millones de personas.

El Consejo Nacional de Normalización y Certificación de Competencias Laborales (Conocer) puso en marcha a partir del 1 de enero de este 2026 un proceso obligatorio de certificación para cerca de 80 mil conductores de pipas de gas LP e hidrocarburos en todo el país, mediante evaluaciones teóricas y prácticas diseñadas para comprobar que realmente saben operar estas unidades. La primera meta es certificar a 15 mil operadores entre enero y marzo de este año, como respuesta directa a la tragedia ocurrida en el conocido puente de La Concordia, al oriente de la CDMX.

Por ello, este anuncio marca un punto de quiebre. Por primera vez en México se exigirá demostrar capacidades reales, no presentar “constancias de papel”. La señal es clara: la seguridad pública ya no puede depender de la buena fe ni de simulaciones administrativas.

Pero esta política no debe quedarse sólo en las pipas. Si el Estado reconoce que estos vehículos requieren operadores profesionales certificados, lo mismo debe aplicar para todo el transporte federal de alto riesgo: autotanques, tráileres de doble remolque, unidades que transportan químicos, combustibles y carga pesada, los cuales atraviesan ciudades y carreteras. La certificación debe ser la columna vertebral del sistema, no una reacción tardía a una tragedia como la ocurrida el año pasado.

Y aquí conviene mirar los casos que sí funcionan. En la Comarca Lagunera y en el corredor de Saltillo ya opera un modelo donde una institución de la SEP, una universidad privada y el gobierno federal forman operadores con estándares reales. En ese ecosistema participa UTEST, una universidad privada especializada en capital humano del sector transporte, integrando entrenamiento práctico y validación de competencias. No es teoría: es profesionalización aplicada.

México ya tiene el ejemplo y ahora tiene la norma. Falta convertir la certificación obligatoria en política nacional permanente y extenderla a todo el transporte federal. En este sector, improvisar siempre termina cobrando vidas.

PRIORIDADES DEL GOBIERNO DE PUEBLA

En un ejercicio de fortalecimiento de la administración estatal, el pasado fin de semana el gobernador de Puebla, Alejandro Armenta Mier, sostuvo una reunión de trabajo con todo su gabinete, en la que reconoció los avances durante su primer año de gobierno y les exhortó a redoblar esfuerzos para el bienestar de los poblanos. Reiteró el llamado para que durante el segundo año de su mandato, quienes forman parte de la administración estatal se conduzcan con los principios rectores de “no robar, no mentir y no traicionar, a fin de consolidar el segundo piso de la Cuarta Transformación que impulsa la presidenta Claudia Sheinbaum.

 Durante el encuentro con los principios rectores servidores públicos poblanos, Armenta Mier reiteró que la Seguridad, en su sentido más amplio, es la prioridad de su gobierno. Señaló que continuará con el fortalecimiento e impulso al deporte como herramienta de prevención y reconstrucción del tejido social, detonará más infraestructura carretera para conectar a todos los municipios y apoyará de forma decidida al campo poblano para garantizar el bienestar en las comunidades. “Con ello —dijo— estaremos defendiendo el proyecto de la presidenta Sheinbaum y protegiendo la soberanía de México”.