México llega al 8M entre paradojas y contradicciones que deben resolverse con urgencia. Existe un “suelo pegajoso” que sigue atrapando a millones de mexicanas en empleos sin red, sin contrato claro, sin seguridad social y, sobre todo, sin una ruta creíble de ascenso. Y ello agrava el reclamo de que no todas han llegado, como se ofreció en campaña.
El éxito político de unas pocas no ha logrado corregir la vulnerabilidad económica de las muchas.
Los datos del Instituto Mexicano para la Competitividad obligan a mirar más allá. En su investigación Mujer en la economía: 100 años de datos, el instituto documenta un siglo de transformaciones educativas, demográficas y políticas que no se han traducido al mismo ritmo en integración económica y calidad del empleo. Las mujeres pasaron de niveles de analfabetismo masivo a ser mayoría en la matrícula universitaria y, aun así, la economía no les devuelve proporcionalmente esa inversión en talento.
El progreso educativo, dice el propio IMCO, no ha sido suficiente para cerrar brechas en participación y condiciones laborales. Y recuérdese cómo este gobierno purgó a juezas y magistradas de los poderes judiciales federal y locales, sin importar sus condiciones, incluso de salud.
Es decir, en un gobierno que, paradójicamente, muestra repulsa hacia el feminismo y el activismo de las mujeres, ocurren estos hechos.
El cuello de botella tiene nombre y costos: la informalidad, ésa que se pretende esconder debajo del tapete. El Monitor Mujeres en la Economía del IMCO estima que más de la mitad de las mujeres ocupadas trabaja en la informalidad. Esa cifra no describe una preferencia cultural, sino una arquitectura laboral que expulsa o desalienta la permanencia en lo formal cuando la vida exige flexibilidad.
La informalidad ofrece margen de maniobra, sí, pero cobra intereses altísimos en forma de inestabilidad, menor protección y menor ingreso.
Aquí aparece el dato que debería incomodar a cualquier gobierno que se asuma transformador. Las mujeres realizan 73% del trabajo del hogar y de cuidados no remunerado; su valor económico equivale a 24% del PIB nacional. México opera con una infraestructura invisible que no se registra en nómina, pero sostiene la productividad del resto. Y cuando ese andamiaje recae casi por completo en ellas, el “costo de oportunidad” se vuelve biografía: pausas laborales, trayectorias fragmentadas, ascensos que no llegan.
Revisar esta presidencia debe ser, necesariamente, a la luz de una auditoría inevitable al modelo económico.
La reflexión es incómoda porque toca el nervio de la competitividad. El IMCO ha estimado que acelerar la incorporación de más mujeres a la economía podría aumentar el PIB en 6.9 billones de pesos durante la próxima década. La pregunta, entonces, no es si conviene hacerlo, sino por qué seguimos operando como si fuera opcional.
Resolver la paradoja exige convertir un hito simbólico en un cambio de reglas. Primero, un Sistema Nacional de Cuidados con escala, financiamiento y estándares, para que el cuidado deje de ser una penalización individual y se vuelva infraestructura pública. Segundo, una estrategia de formalización con perspectiva de género, donde la flexibilidad no sea sinónimo de precariedad: esquemas laborales compatibles con la vida, sin sacrificar seguridad social ni futuro pensionario. Tercero, paridad en la toma de decisiones económicas, no sólo en la política: en direcciones, consejos, comités de inversión y liderazgos que definen salarios, horarios, ascensos y cultura organizacional.
La historia no juzgará esta Presidencia por el género de quien encabeza el Estado, sino por su capacidad de mover el piso donde tropiezan las mayorías.
En Aguascalientes, empresarios aplaudieron la sensibilidad de la gobernadora María Teresa Jiménez para vetar un impuesto de 2% a compañías repartidoras, lo que habría pegado en el corazón de pequeños y medianos comercios. Esperan que se sostenga.