Cálculos políticos para el 24
Alito Moreno le expresó su apoyo a Héctor Melesio Cuén, líder del Partido Sinaloense, en especial a la Universidad de Sinaloa, que ha sido víctima de persecución política por parte del gobierno estatal
Definidas ya las listas de aspirantes a los principales cargos de elección para el año próximo, tanto a la Presidencia de la República como a las nueve gubernaturas que estarán en juego, así como al Congreso federal –principal apuesta de la oposición–, los “jugadores” de la política nacional se han dedicado a “jalar” a quienes consideran que pueden sumarles votos por su “músculo electoral”, sin importar si hoy militan en tal o cual partido. La ideología es ya lo de menos; lo importante es tratar de inclinar la balanza a su favor en la “batalla de todas las batallas” que se avecina. A pesar de las declaraciones del oficialismo en el sentido de que buscará obtener “carro completo”, la realidad es muy distinta; de ahí la disparidad de las encuestas.
De entre los líderes partidistas destaca el trabajo del dirigente priista, Alejandro Moreno, quien se ha caracterizado por mantener la cohesión de la alianza de oposición, a pesar de los embates que desde el oficialismo se han diseñado para “dinamitar” lo que se considera un riesgo para la continuidad del régimen actual. Sin duda, en esa turbulencia no han faltado las traiciones, resultado de la búsqueda de “cuadros” que le puedan sumar votos al partido en el gobierno. Sin embargo, como lo repite a diario el dirigente priista, quienes han abandonado el movimiento opositor, desde hace tiempo ya no militaban en él y se convirtieron en un lastre que hoy aligera los costos para el Frente Amplio por México.
Hace unos días, los dirigentes de los tres partidos que forman la alianza expresaron su apoyo a Héctor Melesio Cuén, dirigente del Partido Sinaloense, quien se sumó a la coalición Fuerza y Corazón por México, que encabeza Xóchitl Gálvez. Alito Moreno le expresó su apoyo, en especial a la Universidad de Sinaloa (UAS), que ha sido víctima de persecución política por parte del gobierno estatal. El dirigente nacional del tricolor puntualizó que “la universidad de la entidad, como todas las universidades del país, debe contar con el respaldo no sólo de los políticos y de los partidos, sino de toda la sociedad. No se debe permitir que desde el poder se persiga a quienes están en los organismos autónomos”. Un ejemplo de lo que se viene para los próximos meses.
- PRECISIONES SOBRE EL SERVICIO DE PROTECCIÓN FEDERAL
En la colaboración pasada precisamos la falta de capacidad del SPF, creado desde el gobierno de Felipe Calderón y que mantiene la actual administración. La Secretaría de Seguridad federal, que encabeza Rosa Icela Rodríguez, nos envía la aclaración de que “dicho organismo público, desde hace 2 años, custodia más inmuebles, atiende más servicios y protege a más personas que en cualquier otro periodo de sus 15 años de historia. Los inmuebles custodiados han pasado de 100, al inicio de este gobierno, a 2 mil 454 a la fecha, lo que significa un crecimiento de 522 por ciento. En 5 años el SPF ha crecido en 273 por ciento su estado de fuerza operativo, lo que representa un incremento de poco más de 3 mil 500 integrantes. De 2022 a 2023 los ingresos autogenerados superan los gastos; el SPF ha reintegrado a la Tesorería de la Federación un monto histórico de 4 mil 211 millones de pesos, lo que representa un aumento de 422 por ciento, comparado con el mismo lapso de 2019. Su facturación ha aumentado de enero a octubre de este año 233 por ciento, con lo que para el cierre se proyectan ingresos por 5 mil millones de pesos. Estas cifras –aclara la Secretaría de Seguridad– confirman que este órgano desconcentrado cuenta con una situación financiera sana y en punto de equilibrio”.
Sin duda, falta “camino por recorrer” ya que aún existen dependencias federales que tienen que contratar seguridad privada para el resguardo de sus inmuebles. Prueba de ello es que la Secretaría de Marina, autoridad del Aeropuerto Internacional de la CDMX, ha tenido que lanzar licitaciones para contratar servicios privados de seguridad con un costo al erario por más de mil 600 millones de pesos.
