El botín de la injusticia

Las recientes fugas de reos, algunos de ellos “prominentes” delincuentes vinculados a peligrosas mafias del crimen organizado y el tráfico de drogas, ocurridas tanto en Culiacán, Sinaloa, como en Ciudad Victoria, Tamaulipas, vuelven a poner sobre la mesa el tema de la corrupción en el sistema carcelario del país, lo que recuerda que una de las asignaturas pendientes desde hace varias décadas continúa siendo la reforma a fondo de los llamados Centros de Readaptación Social que todo tienen, menos aquello de “regenerar” a quienes han pasado a formar parte de los grupos criminales que hoy tienen en jaque a toda la sociedad.

Sobre todo a nivel estatal, las cárceles del país no son otra cosa que verdaderas “universidades” de la delincuencia, que es la que impone sus leyes en los penales no sin antes “comprar” directores y custodios que se convierten en los empleados de los propios reos que mandan en aquellos lugares. Ello se observa tras las fugas ocurridas hace unos días, en las que el común denominador es el “relajamiento” de la ley y las reglas que deberían prevalecer en esas cárceles.

Pero hay antecedentes de la grave descomposición que viven desde hace tiempo los penales del país: el alejamiento paulatino de la sociedad que han tenido las autoridades encargadas, tanto de la procuración como de la impartición de justicia de las víctimas de los delitos, lo que se constata cuando una persona acude a presentar una denuncia —cuando acude— y los pocos o nulos resultados que obtiene al permanecer un alto porcentaje de denuncias sin investigación y, por lo tanto, sin el castigo correspondiente. Y ello pasa por dos instancias: desde los Ministerios Públicos, a los que el derecho llama “representantes sociales, o sea, representantes de la víctima, hasta quienes juzgan, con base en ese mismo derecho, a un presunto transgresor de la ley para determinar si es culpable y el tipo de sanción que deberá pagar por haber causado un daño a un miembro de la sociedad.

Ahí es donde radica el deterioro social paulatino que hemos observado en los últimos años; desde que la sociedad quedó indefensa frente a la proliferación de criminales y delincuentes, el siguiente eslabón que representa toda la estructura en la que los transgresores de la ley “purgan” sus condenas, si es que ya están sentenciados o que están a la espera de ello, y mientras son privados de su libertad, comenzó su acelerado deterioro hasta llegar a los tiempos en que nos encontramos: quienes mandan en muchos de los penales del país son los delincuentes, que han tomado el control de los centros penitenciarios.

De nada servirá tratar de combatir la corrupción en los reclusorios si desde el principio de la larga “cadena” de corrupción no se eliminan los viejos vicios en la procuración e impartición de justicia. Y eso es tarea eminentemente del Estado. Poco pueden hacer los ciudadanos en reformar todo el sistema, si quienes están inmersos en éste no comienzan por plantear una verdadera reforma judicial.

Muchos se preguntan de qué ha servido la implementación de los juicios orales a nivel nacional en la estructura judicial, si quienes forman parte de ella son los mismos, capacitados “a la carrera”, que participaban de la vieja estructura lenta, anquilosada e ineficiente que ya se venía desempeñando tanto en las procuradurías de justicia como en todos los niveles del Poder Judicial, tanto local como federal. Solamente, como ejemplo, hay que pararse en una agencia del MP para darse cuenta de que dicha estructura desde hace mucho tiempo dejó de servirle a la sociedad.