La gobernabilidad y las policías

Los estudiosos de la ciencia política han establecido tres funciones primordiales de los gobiernos electos democráticamente: darle dirección a la “comunidad” política, atender las demandas de la sociedad y lograr mayorías estables en los congresos, encargados de ...

Los estudiosos de la ciencia política han establecido tres  funciones primordiales de los gobiernos electos democráticamente: darle dirección a la “comunidad” política, atender las demandas de la sociedad y lograr mayorías estables en los congresos, encargados de legislar y dotar de los instrumentos legales al Estado para una convivencia en paz y civilizada.

Es precisamente en este último aspecto en donde convergen los poderes ejecutivo y legislativo para reforzar la capacidad de los gobiernos a fin de garantizar la paz pública y contar, primeramente, con las fuerzas necesarias para mantener el orden y, en segundo lugar, con los instrumentos suficientes para capacitar a los elementos de las policías, sean federales, estatales o municipales a fin de que estén a la altura de las circunstancias cuando está en riesgo la estabilidad de la sociedad.

Justamente lo que ha sucedido en México en los últimos años es la incapacidad del Estado para garantizarle a los ciudadanos la convivencia pacífica y, en gran medida, los cuerpos policiacos han jugado un papel fundamental en el deterioro institucional que experimentamos los ciudadanos. Entre omisiones, colusiones y corrupción han propiciado la debilidad de los órganos de seguridad pública.

La semana pasada, con motivo de la comparecencia del secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, ante los integrantes de las comisiones de Gobernación y Seguridad Pública del Senado de la República, el encargado de la “gobernación” interior del país reconoció que las entidades han tenido dificultades para completar la evaluación de los elementos que conforman sus cuerpos de seguridad pública. La mayoría de ellos, corrompidos por la delincuencia y el crimen organizado, han resultado ineficientes para el combate a las mafias que “han sentado sus reales” en los territorios hoy agobiados por la violencia.

Si bien, a nivel federal la situación contrasta con lo que ocurre a nivel estatal y municipal,  el tema de la seguridad aún continúa siendo una deuda de los gobernantes con los habitantes de muchas regiones del país. Y mencionó el titular de la Segob que se piensa que el tipo de examen que se practica a los policías ya no corresponde a la realidad actual. “Para atender esta situación —prometió— se desarrolla un sistema de evaluación focalizado, a fin de diferenciar el tipo de evaluación con base en las funciones del puesto y que tome en cuenta las distintas problemáticas que enfrentan”.

Y luego se refirió a las polémicas pruebas de “control de confianza” de las que, dijo, serán modificadas a partir de un análisis realizado en conjunto con organizaciones de la sociedad civil y el nuevo modelo será presentado a finales de este año. Lo cierto es que con frecuencia el Ejército y la Armada tienen que tomar el control de las policías estatales y municipales, ya que la delincuencia organizada las “infiltró” y tiene a los elementos de esas corporaciones a su servicio, como ha quedado demostrado en varias zonas del territorio nacional.

Y es que el fenómeno se volvió recurrente debido a la forma en que son “reclutados” esos elementos policiacos. De siempre, la labor de “policía” ha sido considerada un empleo para aquellos que no consiguen un mejor destino en la vida. El que no terminó la primaria o la secundaria; o que no tuvo el “privilegio” de estudiar en una universidad y no aprendió algún oficio seguramente está destinado a “meterse” de policía. Y la sociedad está pagando el costo asumido por los gobernantes por haber convertido ese trabajo digno en lo “más bajo” en todos los aspectos dentro de la escala social.

Algo tan delicado, como brindar seguridad a los ciudadanos, no puede ser visto ni remunerado como algo sin trascendencia, sin importancia, al “ahí se va”, como sucedió durante muchos años. Si no se mejoran de manera sustancial las capacidades del Estado para procesar datos susceptibles de convertirse en inteligencia policial, como lo advirtió el titular de la Segob, para la toma de decisiones, de nada servirá seguir aplazando la fecha para la “certificación” de todas las policías porque no habrá forma de ganarle la partida a los delincuentes. Su poder destructor frente a la incapacidad, y muchas veces complicidad, de los gobiernos se mantendrá hasta en tanto no se cuente con verdaderos mecanismos de admisión para dejar atrás esa “mentalidad” de que las puertas de la policía sólo son para los que no tuvieron un mejor destino en la vida. De otra forma seguiremos en lo mismo y con los mismos vicios de siempre.

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