Uno de los rasgos más preocupantes de la política contemporánea reside en la expansión de la presencia de gobiernos autoritarios, surgidos en la mayoría de los casos de elecciones legítimas. Es un hecho que, en términos formales, la democracia puede conservar sus procedimientos y perder, paulatinamente, la estructura cultural que la hace posible: el reconocimiento de que ninguna mayoría, ningún partido y ningún gobernante posee por sí mismo la verdad ni el monopolio de la agenda pública. En ese sentido, interpretar o utilizar el triunfo electoral como autorización para tratar de definir unilateralmente la realidad conlleva la pretensión de administrar y manipular el sentido de la discusión y el lenguaje públicos.
Michel Foucault mostró que toda sociedad establece un “régimen de verdad”: procedimientos, autoridades y discursos que determinan qué puede considerarse verdadero. Esto no significa que la verdad sea una invención arbitraria, sino que su producción y circulación están determinadas por relaciones de poder. La novedad contemporánea consiste en la aceleración de ese proceso. El gobernante no busca solamente que su interpretación sea aceptada; pretende que ninguna otra interpretación pueda ser reconocida como legítima. Así se produce el tránsito de la hegemonía política hacia una forma de soberanía semántica: el poder decide quién es el pueblo, quién es el enemigo, qué cuenta como violencia y qué muertes pueden presentarse como necesarias.
Las discursividades autoritarias e identitarias actúan precisamente en ese nivel. Construyen una comunidad imaginada cuya unidad depende de excluir a quienes no encajan en ella. La palabra “enemigo” sustituye al nombre propio; la categoría antecede al juicio; la imputación ocupa el lugar de la prueba. El lenguaje deja, entonces, de describir a una persona y comienza a producir el cuerpo sobre el cual podrá ejercerse la violencia.
La política estadunidense contra el narcotráfico ofrece una expresión extrema de esta transformación.
La declaración de Donald Trump dirigida a las agrupaciones consideradas por su gobierno como “narcoterroristas”, mediante la cual afirmó que: “Vamos a matarlos”, revela el verdadero alcance del dispositivo: quien controla la clasificación controla también el umbral entre la vida protegida por el derecho y la muerte administrada por la fuerza. Algo semejante puede advertirse en el lenguaje empleado por la exfiscal general de EU, Pamela Bondi, y el administrador de la DEA, Terrance C. Cole, al anunciar cargos contra quien se afirma que es el nuevo dirigente del CJNG y varios de sus secuaces. El comunicado habla de “cazar”, “desmantelar” y “destruir” a su organización y, de ser necesario, aniquilarlos.
No se trata de negar la violencia de los cárteles ni la obligación estatal de perseguirlos. El problema aparece cuando una acusación oficial adquiere anticipadamente el estatuto de verdad definitiva y convierte la persecución penal en una autorización discursiva para eliminar personas. Si el gobierno acusa, prueba, sentencia y amenaza con matar mediante un mismo acto de lenguaje, desaparece el espacio que separa el Estado de derecho de la fuerza soberana autoritaria e incluso, peligrosamente, totalitaria.
México enfrenta otra modalidad del mismo problema. El discurso oficial apela incesantemente al “pueblo” y afirma escuchar su voz, pero esa voz aparece previamente seleccionada, interpretada y puesta en boca del poder. Quienes discrepan son presentados como conservadores, adversarios o representantes de intereses ilegítimos. La crítica deja de entenderse como una facultad ciudadana y es convertida en sospecha moral. En términos estrictos, el pueblo no habla: es hablado por el gobierno.
Ningún gobierno puede erigirse en decisor último de la verdad o de la realidad. La democracia requiere una verdad abierta a la prueba, a la refutación y al diálogo; exige instituciones capaces de proteger la palabra que incomoda. Cuando la disidencia es tratada como enemistad y la crítica como traición, el pensamiento libre es transmutado en socialmente culpable. Ése es quizás el mayor peligro de nuestro tiempo: que la violencia comienza mucho antes de que se disparan las armas, y eso inicia con la monopolización de la verdad y de la construcción de los discursos que la posicionan en el espacio público.