El escenario global contemporáneo se caracteriza por una acumulación de riesgos que operan como una constelación de amenazas interconectadas que erosionan las bases materiales, institucionales y simbólicas del desarrollo. Por ejemplo, el Informe sobre Riesgos Globales 2026, del Foro Económico Mundial, subraya las condiciones de un mundo atravesado por la confrontación geoeconómica, la polarización social, la erosión de derechos, la crisis ambiental y la aceleración tecnológica sin gobernanza democrática efectiva.
Para países como México, insertos de manera predominantemente subordinada en la economía mundial, estos riesgos no sólo limitan las posibilidades de un desarrollo inclusivo, sino que tensionan de manera directa la garantía de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales (DESCA) y la propia viabilidad de la democracia.
Estos riesgos no deben entenderse como “externalidades” del sistema, sino como expresiones de sus contradicciones estructurales. El bajo crecimiento económico sostenido que ha caracterizado a México en las últimas décadas, la persistente desigualdad social y territorial, y la insuficiencia crónica en la generación de empleos formales y bien remunerados configuran un terreno de alta vulnerabilidad. En este contexto, los riesgos globales actúan como mecanismos de profundización de desigualdades preexistentes: shocks económicos, disrupciones en cadenas de suministro, presiones inflacionarias o crisis ambientales impactan de manera diferenciada a una sociedad estratificada desde hace décadas.
La centralidad de la confrontación geoeconómica resulta particularmente relevante. El debilitamiento del multilateralismo y el uso creciente de instrumentos económicos como armas políticas reducen los márgenes de maniobra de economías intermedias como la mexicana. La relación asimétrica con Estados Unidos, ahora intensificada por la presión política, comercial, migratoria y ahora hasta militar ejercida por el gobierno de Donald Trump, coloca a México ante un dilema estructural: subordinar aún más su estrategia de desarrollo a las exigencias del vecino del norte o asumir los costos —económicos y políticos— de intentar preservar espacios de soberanía y generar un estilo de desarrollo propio.
Este dilema tiene implicaciones directas sobre los DESCA. En un entorno de bajo crecimiento y alta dependencia externa, el margen fiscal para garantizar derechos sociales se estrecha, mientras aumentan las tentaciones de priorizar la “estabilidad macroeconómica” por encima del bienestar social. Esto puede leerse como una reconfiguración del Estado social hacia un Estado de gestión de riesgos, donde la política pública se orienta más a contener crisis que a expandir capacidades. El derecho al trabajo digno, a la salud, a la educación o a un medio ambiente sano se vuelve contingente, sujeto a los vaivenes de una economía global crecientemente inestable, lo cual podría considerarse como pragmático, pero, en el fondo, inconstitucional.
La democracia, en este contexto, enfrenta una doble presión. Por un lado, la incapacidad estructural para garantizar derechos materiales erosiona su legitimidad. Por otro, los riesgos asociados a la desinformación, la polarización y la erosión de libertades cívicas debilitan el espacio público deliberativo. Cuando amplios sectores sociales perciben que la democracia no mejora sus condiciones de vida, se abre la puerta a narrativas autoritarias, tecnocráticas o punitivas que prometen orden y seguridad a costa de derechos.
Puede afirmarse que los riesgos globales están reconfigurando la relación entre capitalismo, Estado y ciudadanía y, con ello, la promesa desarrollista se encuentra agotada. En su lugar emerge un régimen de incertidumbre permanente, donde la precariedad se normaliza y los derechos se administran como concesiones y no como obligaciones jurídicas exigibles.
Para México, el desafío no es menor. La posibilidad de un desarrollo inclusivo con plena garantía de los DESCA exige romper con la lógica reactiva frente a los riesgos globales y construir una estrategia que coloque la vida, la dignidad y la igualdad en el centro. Esto implica fortalecer la capacidad estatal, diversificar relaciones económicas internacionales, defender el espacio democrático y asumir que, sin justicia social, no hay estabilidad política posible. Ante la complejidad global que enfrentamos, la democracia y los derechos no pueden ser el costo a pagar por la adaptación al riesgo; al contrario, deberían ser el horizonte desde el cual se lo enfrente.