La pregunta por la victoria en una guerra como la que hoy enfrentan Estados Unidos, Israel e Irán no puede responderse con los criterios clásicos de las guerras convencionales. El conflicto que, al menos desde finales de febrero de 2026, ha encarecido la energía, interrumpido rutas marítimas, pertenece a una gramática de la violencia en la que la fuerza militar actúa como instrumento de reconfiguración del orden geopolítico y geoeconómico.
En ese marco, preguntar “quién gana” exige primero preguntar: ¿qué está realmente en disputa? Si el objetivo fuera únicamente militar, la evaluación sería relativamente simple: degradar la capacidad del adversario, forzarlo a aceptar condiciones, imponerle un costo superior al propio. Pero cuando la guerra se libra en torno a corredores marítimos, cadenas de suministro, precios del petróleo, seguros navieros, mercados financieros y alineamientos regionales, entonces el criterio decisivo deja de ser la aniquilación del enemigo y pasa a ser el control de los flujos económicos. El estrecho de Ormuz es uno de los principales puntos de estrangulamiento energético del planeta.
De ahí que una guerra así no pueda medirse sólo por “bajas militares y civiles”, por edificios e instalaciones destruidas o dañadas, sino por la capacidad de condicionar flujos y capacidades de generación de riqueza. Irán ha mostrado que, aun sin imponerse convencionalmente a la superioridad militar estadunidense e israelí, puede afectar el corazón logístico de la economía mundial. Aun con ello, su capacidad operativa ha sufrido tal nivel de daño que, aun con un cese al fuego prolongado, su reconstrucción tardará meses o años.
En una guerra poco convencional, “ganar” puede significar algo muy distinto a restablecer la paz. Puede significar, por ejemplo, reafirmar la potestad de intervención sobre espacios territoriales estratégicos, disciplinar a aliados ambiguos, probar los límites de Rusia y China, elevar el costo de la autonomía regional iraní y recordar que la libertad de navegación sigue siendo, en la práctica, una prerrogativa custodiada y determinada por el poder militar.
En ese sentido, incluso una guerra costosa para los Estados en pugna puede producir dividendos políticos o corporativos para sectores vinculados al complejo militar, energético, logístico y financiero; es decir, el costo fiscal se usa para beneficiar a los privados que controlan al Estado. Todo esto, porque la guerra rara vez se pone en operación por separado de grandes intereses transnacionales que convierten la inseguridad en renta, la escasez en mejora de precios para sus promotores y la protección militar para sus socios y aliados, en negocio.
El hecho de que los mercados hayan reaccionado con una proyección de mediano plazo, de fortalecimiento del dólar y la generación de nuevas presiones inflacionarias por el encarecimiento energético, muestra que la guerra redistribuye costos y beneficios a escala planetaria, aunque no necesariamente en beneficio de las poblaciones ni de los Estados en pugna ni del resto del planeta.
Por eso, la derrota tampoco es unívoca. Puede perder quien revela su dependencia estructural de rutas que no controla o respecto de las cuales puede perder el control. Puede perder quien sobrevive militarmente, pero queda cercado económicamente. Puede perder quien obtiene una victoria táctica, pero que acelera la deslegitimación del orden que, al menos discursivamente, pretendía preservar en aras de una superioridad cultural o civilizatoria.
La respuesta, entonces, es compleja: en guerras de este tipo nadie “gana” de manera plena en el sentido moral o civilizatorio. Ganan, en todo caso, quienes consiguen transformar la violencia en capacidad de ordenar flujos, fijar precios, disciplinar regiones y redefinir jerarquías. Pierden las poblaciones atrapadas entre sanciones, bombardeos, inflación y propaganda. Y pierde también el derecho internacional cuando la circulación global de bienes vitales queda sometida a la lógica del ultimátum armado. En una guerra poco convencional, la victoria, lamentablemente, no es el establecimiento de una paz duradera, sino la facultad de decidir quién puede determinar qué se produce, por qué rutas transita y quién obtiene el beneficio final de unas condiciones así.