La afirmación de Donald Trump: “Algo hay que hacer con México”, debe tomarse, como advirtió el secretario de Estado, Marco Rubio, con absoluta seriedad. No se trata de una frase retórica, sino del síntoma de una coyuntura internacional en la que las presiones externas se combinan con reacomodos regionales profundos. En este contexto, la captura de Nicolás Maduro acelera la recomposición hemisférica y refuerza un clima de intervención, disciplinamiento y redefinición de alianzas que impacta directamente a América Latina. Para México, estas señales no pueden leerse de manera fragmentaria: exigen una respuesta estratégica que evite la profundización de la polarización interna y fortalezca la cohesión nacional.
El avance de gobiernos de derecha y centroderecha en la región ha desplazado el debate del desarrollo hacia un énfasis casi exclusivo en la estabilidad macroeconómica, la disciplina fiscal y la atracción de inversión. La redistribución ha quedado relegada. Sin embargo, la experiencia latinoamericana muestra que estos virajes, asumidos en ocasiones como dogmas económicos, producen crecimientos frágiles y socialmente excluyentes. En un entorno de presión externa como el actual, insistir en modelos que profundizan la fragmentación social debilita a los Estados y los vuelve más vulnerables.
México enfrenta esta tensión desde una posición singular. Su estrecha integración económica con Estados Unidos lo convierte en un actor clave del nuevo orden regional, pero su estructura productiva revela límites persistentes: un sector exportador dinámico convive con alta informalidad, salarios contenidos y profundas desigualdades territoriales. La amenaza explícita desde Washington subraya un hecho incómodo: la fortaleza externa de México depende, en buena medida, de su cohesión interna. Un país dividido es un país con una capacidad de negociación seriamente disminuida.
Por ello, ante un mensaje como el de Trump, no puede seguirse apostando por la polarización. La respuesta no puede ser ni el repliegue defensivo ni la confrontación retórica, sino la construcción de una estrategia de reconciliación nacional. En este punto, la responsabilidad de la jefa del Estado es central. La coyuntura demanda una convocatoria amplia que recupere el diálogo incluyente y respetuoso, capaz de articular a fuerzas políticas, actores económicos y sociedad civil en torno a un horizonte compartido. No se trata de diluir diferencias, sino de procesarlas institucionalmente para fortalecer la posición del país frente a presiones externas.
Frente a este escenario, México puede persistir como plataforma manufacturera subordinada o asumir el desafío de construir capacidades productivas propias con visión de largo plazo. Esta decisión no es técnica: es profundamente política.
Uno de los instrumentos más relevantes de que dispone el Estado mexicano para encauzar esta decisión es el sistema de planeación democrática. Lejos de ser un trámite administrativo, la planeación puede convertirse en un espacio de reconstrucción de consensos, donde se definan prioridades nacionales y se articule la diversidad política, social y cultural del país. Desde ahí es posible pensar un curso de desarrollo que, apoyado en la justicia fiscal, permita redistribuir la riqueza, fortalecer la inversión productiva y enfrentar la desigualdad estructural. Pensar el desarrollo desde esta perspectiva implica desplazar el eje de la política social. La redistribución no puede seguir reducida a transferencias monetarias que mitigan, pero no transforman, las condiciones de exclusión. El centro debe colocarse en la generación de empleo formal, bien remunerado y con derechos, como base material de una ciudadanía social efectiva. La justicia fiscal, entendida como progresividad y corresponsabilidad, es condición necesaria para sostener este viraje y construir legitimidad social en torno a un nuevo pacto económico.
La frase “algo hay que hacer con México” obliga, paradójicamente, a una reflexión hacia adentro. Lo que hay que hacer no es reaccionar desde la crispación, sino fortalecer el país desde la cohesión, la planeación y el consenso. En un mundo que se reordena con rapidez, México tiene la oportunidad —y la responsabilidad— de convertir la presión externa en catalizador de un proyecto propio de desarrollo. La verdadera fortaleza nacional no se improvisa: se construye desde el diálogo, la justicia social y una visión compartida de futuro.