Una de las características más relevantes de la discusión pública mexicana es la creciente disputa por las cifras. Es cierto que hay un debate en torno a indicadores económicos, estadísticas de seguridad o mediciones de pobreza; pero lo que está en juego es algo más complejo: la construcción de los marcos narrativos mediante los cuales una sociedad interpreta su presente y proyecta su futuro.
Desde el gobierno se sostiene una narrativa según la cual México atraviesa una etapa de transformación histórica. Los datos sobre inversión extranjera, aumentos al salario mínimo, reducción de la pobreza por ingresos, estabilidad macroeconómica o fortalecimiento de los programas sociales son presentados como evidencia de que el país avanza en la dirección correcta.
Sin embargo, las oposiciones políticas, empresariales y mediáticas recurren a otros datos igualmente sólidos para sostener interpretaciones distintas. Señalan el bajo crecimiento económico acumulado durante los últimos años, la persistencia de elevados niveles de violencia, las debilidades estructurales de los sistemas de salud y educación, así como los desafíos institucionales que enfrenta la democracia mexicana.
Lo notable es que ambas posiciones suelen apoyarse en información verificable. Los datos existen. Las cifras son reales. Los indicadores provienen, en muchos casos, de las mismas instituciones nacionales e internacionales. La diferencia radica en la selección, jerarquización e interpretación de los mismos.
Puede afirmarse que asistimos a una disputa por la hegemonía narrativa. Cada actor político selecciona aquellos elementos de la realidad que fortalecen su relato y minimiza aquellos que lo contradicen. La estadística deja entonces de ser una herramienta de conocimiento para convertirse también en un instrumento ideológico de legitimación política.
El problema es que esta dinámica produce una creciente fragmentación de la esfera pública. Los ciudadanos reciben diagnósticos radicalmente distintos sobre un mismo país. Desde un discurso, México vive un proceso histórico de transformación; desde el opuesto, el país se presenta en medio de una etapa de deterioro institucional y económico.
La consecuencia más preocupante no es la discrepancia. Las democracias viven precisamente de la pluralidad y del desacuerdo. El verdadero problema se da en tanto que las narrativas se vuelven tan incompatibles que impiden reconocer objetivos comunes. Una nación puede discutir sobre los medios, las estrategias o los instrumentos; pero difícilmente puede avanzar cuando ni siquiera logra acordar cuáles son los grandes desafíos compartidos.
México necesita, por ello, con urgencia, reconstruir algunos consensos fundamentales que trasciendan coyunturas electorales, preferencias ideológicas y disputas partidistas.
El primero consiste en recuperar una senda sostenida de crecimiento económico. Más allá de las diferencias respecto de cómo lograrlo, el país requiere crecer de manera estable a tasas cercanas o superiores al cuatro por ciento anual durante varias décadas. Sin crecimiento sostenido resulta extremadamente difícil reducir desigualdades o garantizar oportunidades para las nuevas generaciones.
El segundo acuerdo indispensable se refiere a la protección del medio ambiente y de la biodiversidad. El cambio es ya una realidad presente que afecta territorios, comunidades, sistemas productivos y condiciones de vida. La preservación de los ecosistemas debería formar parte de una política de Estado respaldada por todos los actores políticos y sociales.
El tercer consenso necesario es la construcción efectiva de un Estado social y democrático de derecho capaz de cumplir los mandatos constitucionales en materia de derechos humanos. La educación, la salud, la alimentación, la seguridad, el acceso a la justicia y la protección de grupos históricamente vulnerados no pueden depender exclusivamente de ciclos políticos o de cambios de gobierno.
La disputa por las cifras probablemente continuará. Es inherente a las sociedades abiertas y a la competencia democrática. Pero México necesita avanzar hacia una etapa en la que los datos no sólo sirvan para confirmar convicciones o prejuicios, sino también para construir diagnósticos compartidos.
Sin una mínima base común de realidad, los números se convierten únicamente en elementos para una confrontación permanente. Y ninguna nación puede construir su futuro cuando el desacuerdo se da en torno a los problemas que amenazan su porvenir y su posibilidad de un proyecto nacional común.