No hay desarrollo sin derechos humanos

El reciente informe del presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) confirma los temores expresados por muchos: vivimos en un país en el que hay un incumplimiento generalizado de nuestros derechos, pues, de acuerdo con su visión, pero también la contenida en otros diagnósticos, todos los días se incumple con los principios de universalidad, integralidad, transversalidad y progresividad mandatados en el artículo 
1º de la Constitución. 
 

Las fosas que aparecen por todos lados y las que seguramente nos faltan, con sumo horror, por descubrir; la pobreza extrema y el hambre que aqueja, sobre todo, a los más vulnerables; la terrible corrupción que sangra y desgarra al sistema institucional; la simulación política y el cinismo de los más poderosos; todo conjura en contra de la posibilidad de un país incluyente y con oportunidades para acceder al bienestar.

Tenemos fisuras y verdaderos agujeros negros por todos lados: las cárceles de todo el país en manos de los delincuentes; la connivencia de las autoridades locales con el narcotráfico y, en general, con el crimen organizado; una clase empresarial agazapada y sólo pendiente de sus intereses más inmediatos; partidos políticos que ya no representan a nadie y un largo etcétera que cuestiona hasta sus cimientos a nuestra frágil democracia.

Quedan cada vez menos espacios para anhelar en el corto plazo la posibilidad de una “alegría social” presente en todo el territorio nacional. Quedan también cada vez menos argumentos para defender a las instituciones democráticas; y quedan también cada vez menos recursos para convocar a la movilización social en aras de la transformación del país.

Mientras todo esto ocurre, las balas asesinas continúan dirigiéndose en contra de periodistas y activistas sociales; mientras que la amenaza cotidiana de la extorsión y el cobro de piso es una realidad infame con la que tienen que sobrevivir millones de personas que, literalmente, se debaten entre ceder a las amenazas o enfrentar las más funestas consecuencias.

Los tiempos nublados que percibía Octavio Paz se han transformado aceleradamente en una peligrosa tempestad que amenaza a todo y a todos porque, en medio de la borrasca y la pertinaz lluvia, nadie queda a salvo, menos aun arriba de un barco frágil y ante la posibilidad real de resquebrajarse.

Desde esta perspectiva, se hace urgente pensar en lo inmediato: en cómo recuperar la posibilidad de crecer otra vez, pero ahora con equidad; en cómo lograr que la comida llegue a todas las mesas; que los salarios sean dignos y también liberadores de una existencia opresiva y opresora.

Estamos ante el reto de romper con la unidimensionalidad de la existencia y exigir, desde una potente sociedad civil, desde una academia proactiva y de una indeclinable vocación social, un viraje de 180 grados y apostar, de una vez por todas, por la justicia y la dignidad para todos.

Una sociedad en la que los derechos humanos son una agenda marginal en las perspectivas del desarrollo es una en la que no hay posibilidad de justicia e inclusión universal.

De ahí la relevancia de repetirlo una y otra vez: el modelo de desarrollo, y todos los instrumentos de la planeación, la programación y la presupuestación del país, deben volcarse hacia el cumplimiento universal de los derechos humanos.

¿Por qué no pensar, por ejemplo, en la modificación del artículo 26 de la Constitución y establecer que el Plan Nacional de Desarrollo debe articularse para cumplir estrictamente con lo contenido en los artículos que reconocen los derechos humanos en la propia Carta Magna?

No hay espacio para más vacilaciones; para seguir asumiendo que la política es el arte de lo posible. Al contrario, una visión ética del desarrollo debe exigir que la política se convierta en el arte de concretar los consensos requeridos para alcanzar lo necesario, e incluso más allá, para acceder a una lógica de prosperidad permanente.

Eso es, ni más ni menos, lo que nuestro país se merece.

Twitter: @Mariolfuentes1

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