Lecciones para una democracia cuestionada

Así como nos seguirán faltando los 43 estudiantes de Ayotzinapa, seguirán estando ausentes por siempre las niñas y niños que ahí perecieron; pero también los miles que han sido encontrados, sin ser identificados cientos de ellos, en las fosas clandestinas y que nos han trandformado en un país en el que los funerales se convierten en procesos de duelos sin cuerpos; es decir, muertes excesivas, macabras, muertes sin nombre que nos ubican en el extremo de la violencia posible.

El 5 de junio también se llevaron a cabo elecciones en 14 entidades: en 12 se renovaron gubernaturas; en una, presidencias municipales; y en la Ciudad de México, diputados para integrar al Constituyente que habrá de redactar su primera Constitución.

De acuerdo con los datos oficiales, en la jornada del 5 de junio se tuvo un universo de 37.3 millones de personas en las Listas Nominales de Electores de las entidades en disputa; votaron 15.74 millones, es decir, el 42.19% del total.

Se dice que lo que se vivió electoralmente fue un masivo “voto de castigo”; y en efecto, en la mayoría de entidades en que hubo alternancia se tuvieron votaciones con porcentajes superiores al 50%; pero también ocurrió así en Hidalgo, Tlaxcala y Zacatecas, en donde el PRI retuvo las gubernaturas; mientras en Sinaloa, donde también hubo cambio de partido, el porcentaje se ubica en 44.3%; y en Chihuahua en 48.5 por ciento.

Los datos por sí mismos no dicen mucho, excepto que lo necesario es un análisis caso por caso. Por ejemplo, Aguascalientes, en donde votó el 52.4% de la lista nominal —un porcentaje inferior al 54.2% registrado en 2010—, y donde la diferencia entre el primero y el segundo lugar fue de sólo 2.19%, siendo el resultado más cerrado de las gubernaturas en juego. ¿Puede hablarse ahí también de efectivamente un “hartazgo y rechazo generalizado” al gobernador saliente? Habría que analizarlo con cuidado.

Si algo no podemos hacer, menos aun cuando se trata del análisis del sistema de gobierno bajo el cual nos regimos, es caer en explicaciones simplistas. Porque, por otro lado, hay candidatos que hace unos cuantos meses militaban en el PRI (caso Quintana Roo), y que ganaron; y otros en los que el PRI consiguió vencer a la izquierda (caso Oaxaca), y a la derecha (caso Sinaloa).

El tema de los malos gobiernos tampoco alcanza para explicar lo ocurrido: en Durango —de acuerdo con el Coneval—, se tuvo la mayor reducción de la pobreza entre las entidades de la República para el periodo 2010-2014. En Puebla, por el contrario, las disparidades crecieron como nunca y se ubicó como la entidad con mayor desigualdad en el país. En Durango hubo graves acusaciones de corrupción, pero en Puebla también; y en el primero hubo alternancia y en el segundo no.

Lo cual lleva al tema inicial de este texto: el más grave problema político-social que enfrentamos es el de la impunidad, pues quizá lo que vimos el pasado 5 de junio no fue sino una lucha entre intereses, en la que los resultados se resolvieron a favor de quien pudo concitar poderosas estructuras electorales y la mayor cantidad de recursos para movilizar el voto.

Y es justo la impunidad la que campea en el país la que estimula a los poderosos a seguir —como lo diría Girard— “la ruta antigua de los hombres perversos”. Es la impunidad el soplo que alienta el fuego de los asesinos, de los corruptos y de todos aquellos que están dispuestos a todo, mientras las consecuencias a enfrentar sean mínimas. Y quizá ésa es la mayor lección que nos dejó el pasado proceso electoral.

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