365 días, pocos resultados

Todo comenzó en un día de confusión y violencia. Hace un año el presidente Peña iniciaba su mandato con buen ánimo y optimismo. Se mostraba confiado y con la prisa de saber que los primeros 365 días de gobierno son determinantes. Con diagnósticos de sobra, apuesta en grande y se propone concretar un ambicioso programa de reformas. En un golpe de audacia política, sentó en Chapultepec a las burocracias partidistas como método para asegurar su aprobación. Seguro de tener la mejor de las intenciones y un insuperable ánimo político, parece que el Ejecutivo imaginó que el país se podía poner en pausa y esperar a que llegaran los beneficios de las reformas. Por desgracia para el presidente Peña, la violencia empeoró y la economía se le cayó.

La urgencia era reducir la violencia y detener las violaciones a los derechos humanos. Esta semana, Human Rights Watch le envió una carta al Presidente, donde denuncia que el compromiso para convertir el respeto de los derechos humanos en una política de Estado no ha sido más que retórica: “Su gobierno no ha mostrado avances significativos en la investigación de los abusos del pasado”. Acusa que “militares y policías continúan cometiendo graves abusos de manera impune durante su presidencia... desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales y torturas en estados en todo el país, perpetradas por miembros de todas las fuerzas de seguridad en el ámbito federal, estatal y municipal”. También señala la falta de respuesta a los casos de desaparecidos, la persistencia de riesgos para periodistas y defensores de derechos humanos y remata con lo que todos sabemos: “su estrategia pareciera haber sido prácticamente indistinguible de la de su predecesor”.

La gendarmería nacional, aunque polémica, no es una mala idea, dada la descomposición de los cuerpos policiales en los tres niveles de gobierno. En lugar de arrancar con la difícil tarea de integrar este nuevo cuerpo de seguridad, el gobierno prefirió utilizar el primer año para desaparecer la Secretaría de Seguridad Pública y asignarla a la de Gobernación. Ahora, el encargado de la política nacional es el primer policía del país. No sorprende la dureza de Human Rights Watch. Se perdió el tiempo en decisiones burocráticas mientras la inseguridad y las violaciones a los derechos humanos siguen por todo el territorio. Se promete que la gendarmería arrancará el año próximo; la violencia puede esperar.

Si la vida de nuestro país estaba trastocada por la inseguridad ciudadana, el Presidente Peña nos trajo la inseguridad económica. No hay a quien repartirle la culpa. El FMI señaló claramente que la desaceleración económica fue por malas decisiones del gobierno. ¿Qué explicación se le puede dar a la gente si por novatez o torpeza en el ejercicio del gasto público se frenó la economía, provocando el cierre de miles de empresas y que se vayan a quedar en el frío banquillo del desempleo 600 mil personas? ¿Qué hacemos con los otros 500 mil que perdieron el empleo en el sector de la construcción porque el gobierno no logró armar un programa de vivienda, y los proyectos de infraestructura pública apenas están por arrancar? Aquí la evaluación es un dato duro y preciso: de 3.9% de crecimiento esperado a 1% en realidad.

Crítico puntual de los excesos de Calderón en el gasto operativo, el PRI, en el poder, se instaló en el oneroso aparato burocrático heredado y perdió la oportunidad de replantear a fondo la calidad y transparencia del gasto público. Minimizando los efectos de la desaceleración, la apuesta económica para el año que entra son más impuestos y más deuda. La fragilidad de las cuentas nacionales nos tendrá pendientes de un hilo ante cambios en el contexto internacional.

A 365 días de que el Presidente Peña tomó el poder, no tenemos buenos resultados: la seguridad no mejoró y echó a perder la economía. Por ello, entre las intenciones y los resultados, son los últimos los que terminan pesando más en la evaluación del primer año. De tanta promesa de futuro, nos está atrapando lo peor de nuestro pasado.