La cuenta, por favor

En los mercados financieros internacionales, la credibilidad es una variable fundamental en la medición de riesgo. Los países que a lo largo de los años mantienen el apego a determinados principios en el manejo de sus economías van construyendo una reputación que les permite atraer inversiones y mejorar las evaluaciones de los organismos y calificadoras internacionales.

Tras haber provocado la primera crisis financiera global con el “efecto tequila”, nuestro país empezó a ganar credibilidad en los mercados. La creación del Banco de México, la apertura comercial, el asumir un tipo de cambio libre y mantener balances fiscales aceptables —bajo un fino maquillaje— llevaron a México a ser considerado como uno de los principales destinos de inversión. Pero lo que tarda años en construirse puede esfumarse de un día a otro. Ya tenemos varias alertas.

En nuestro diseño constitucional de equilibrio de poderes, uno de los aspectos más importantes es que el Ejecutivo está sometido a las decisiones de ingresos y egresos —impuestos y gasto público— que determine el Legislativo. El destino de los recursos de la gente debe ser definido por los representantes de la ciudadanía y no por el libre arbitrio del Presidente. De esta manera, se pretende evitar que el gobierno perjudique ilegítimamente el patrimonio de los ciudadanos.

A días de haber tomado posesión, el Presidente le pidió al Congreso que le autorizara los ingresos, egresos y la deuda para 2013. La historia ya la conocemos. Entre la farsa por ganar el campeonato mundial de disciplina fiscal —con su propuesta de déficit cero— y la impericia del nuevo gobierno, la economía perdió el impulso del gasto público y cayó en recesión.

Si se cae la actividad económica, hay menos impuestos que recaudar y el gobierno tiene menos ingresos con que sufragar el gasto público. Ante escenarios como éste, la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria señala que el gobierno debe recortar su gasto en rubros que no afecten la provisión de servicios públicos, como el de comunicación social, bonos en servicios personales y obliga a generar economías en todas las dependencias.

En lugar de sujetarse a lo que dice la ley, el Presidente prefirió aplicar el moreirazo y tomar el camino fácil de la deuda para completar el gasto en 2013. Pasando por encima de varios ordenamientos y violando el principio de anualidad, en la Ley de Ingresos de 2014 incluyó un aumento de la deuda por 70 mil millones de pesos —equivalente al presupuesto de Jalisco— para ¡2013!

¿Cómo se van a gastar estos recursos a 60 días de que termine el año? Nadie lo sabe. La Constitución dice que los recursos de deuda deben destinarse a proyectos productivos que incrementen los ingresos públicos. Pero, si en todo el año no pudieron arrancar proyectos de inversión y acumularon subejercicios, ¿no lo querrán para financiar el gasto operativo?

Entonces, ¿qué caso tiene discutir y aprobar la deuda y el déficit público en el Congreso año con año, si el Ejecutivo pasará la cuenta de su sobregiro y sus legisladores se la regularizarán? ¿De cuánto será el déficit público? De lo que haga falta, señor Presidente. ¿Y si en 2014 no crecemos al 3.9% y se caen nuevamente los ingresos? No se preocupe, Presidente, el Congreso —con sus amigos de la izquierda “responsable”— le facilita su cheque en blanco para que complete.

No todo está perdido. Un grupo de legisladores estamos preparando una acción de inconstitucionalidad para impedir que se consume este grave precedente, que abriría la puerta a un manejo discrecional y arbitrario de la hacienda pública. La Corte tendrá que decidir si los ciudadanos tienen derecho a autorizar, vigilar, controvertir y denunciar aspectos relacionados con la deuda pública. Esta definición será de la mayor relevancia en el destino de la economía nacional, sobre todo ahora que en su regreso el PRI ha cambiado la máscara del neoliberalismo para ponerse una más “social”. No nos engañemos, es el viejo ogro filantrópico, con las mismas mañas, vicios y excesos de siempre. Que no se repita la historia. Las y los ciudadanos pagan la cuenta.