#ReferéndumYa
El día de ayer venció el plazo que se tenía para aprobar la ley reglamentaria del artículo 35 constitucional que contempla nuevos derechos políticos en la Ciudad de México.
El año pasado se aprobó la última reforma política que tenía como objetivo ampliar los derechos políticos de los mexicanos y profundizar en nuestra vida democrática. Esta reforma incluyó en la Constitución figuras de participación ciudadana largamente anheladas, como las candidaturas ciudadanas, la consulta popular y la presentación de iniciativas por parte de la ciudadanía. Estas tres figuras rompen con el monopolio tradicional de los partidos como la única vía para la participación política, otorgándole un poder directo a los ciudadanos que cada vez reclaman más posibilidades de incidir en el destino del país.
El día de ayer venció el plazo que se tenía para aprobar la ley reglamentaria del artículo 35 constitucional, que contempla estos nuevos derechos políticos. Sin embargo, el Congreso no cumplió. A pesar de que hay iniciativas presentadas en los últimos meses al respecto, no ha habido los acuerdos que lleven a su aprobación.
Después de la elección de julio del año pasado, frente a la evidencia presentada por Acción Nacional y el Movimiento Progresista sobre el abuso de recursos utilizados en la campaña política del candidato del PRI, era el momento de impulsar una agenda profunda de cambios al régimen político. El regreso del tricolor a Los Pinos suponía el regreso de las tradicionales complicidades y el uso discrecional del aparato público para mantenerse en el poder y restaurar el viejo sistema al que Vargas Llosa describió como la dictadura perfecta. La posibilidad de obligar al gobierno a negociar las reformas al sistema político empezó a perder fuerza cuando las autoridades electorales fueron incapaces de fiscalizar y sancionar efectivamente los recursos para las campañas.
La decisión de algunos sectores del PAN y el PRD de firmar el Pacto por México diluyó de golpe la presión que había generado la “ilegitimidad” del financiamiento de la campaña priista y pospuso la exigencia de profundizar nuestro sistema democrático.
Solamente en una democracia plena pueden construirse los acuerdos de largo plazo y las reformas estructurales que nuestro país requiere. No hay necesidad de construir mecanismos de coyuntura que paradójicamente debilitan la vida democrática al pretender sustituir al Congreso como plataforma de discusión de las reformas.
Ante la cruda de las elecciones locales, un grupo de senadores del PAN y del PRD ha planteado una reforma política con medidas que cambiarían la estructura misma del sistema político, entre ellas están la segunda vuelta, la reelección legislativa y el establecimiento de un organismo anticorrupción.
La urgencia del gobierno por aprobar la reforma energética abre nuevamente la posibilidad de obligar a la reforma política. Por lo pronto, el PRD debería exigir que en un periodo extraordinario se aprobaran las leyes reglamentarias para que pueda organizarse el primer referéndum constitucional de nuestra historia, justo en torno a esta reforma.
Por el peso histórico que tiene el petróleo y por su importancia hacia el futuro para todos los mexicanos, hay que llamar a la participación de la gente para que se involucre directamente en el destino del sector energético. En la Constitución ya está este derecho, no hay razón válida para no aplicarlo. La legitimidad que se necesita en este tema, no va a ser suficiente sólo con una mayoría en las cámaras. La gente debe de tener la última palabra. Referéndum constitucional para la reforme energética ya.
*Senador de la Ciudad de México
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