La fiesta de las cifras

Ferraris, yates, terrenos, departamentos, etcétera y la deuda pública sigue sin ser pública.  A pesar de innumerables escándalos, los contribuyentes no podemos conocer detalladamente todos los créditos que han contratado nuestros gobernantes con la banca. Hay grandes avances, pero a la fecha no hay un reporte público para estados y municipios que permita identificar crédito por crédito, con su tasa de interés, monto, plazo, garantías otorgadas y comisiones pagadas.

Desde enero se ha intentado, sin éxito, que esa información sea pública. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión le pidió a la CNBV “un informe  detallado y actualizado sobre las operaciones crediticias de largo y corto plazo”. El secreto bancario lo impidió. Nada de información al Congreso.

Como ciudadano solicité a la oficina de información pública de la CNBV lo mismo: la relación de los créditos reportados por las instituciones de crédito con estados y municipios. En una buena plática con el presidente de este organismo, hubo disposición a que esta información se diera a conocer, pero sin violar la ley en materia de secreto bancario. Se me proporcionó una base de datos con más de 72 mil registros. Ningún crédito identificado por banco y ninguna mención al tema de comisiones. Contenía registros “extraños” para ser un listado de créditos: operaciones en cero pesos, sin fechas de vencimiento, créditos desde ocho pesos hasta casi seis mil, créditos repetidos siete veces, etcétera. Imposible ordenarlos. Un monto total de más de 920 mil millones de pesos. Algo andaba mal.

En la comisión encargada de regular a los bancos se cuenta con dos tipos de información, aclaró el equipo de la CNBV: “la contable y la operativa”. La primera tiene carácter definitivo y se conforma después de consolidar la segunda. La operativa incluye los movimientos que se registran día a día entre bancos y gobiernos locales, por eso es posible que haya remanentes de operaciones por ocho pesos, que una línea de crédito abierta y no utilizada en su totalidad aparezca varias veces o que haya registros incompletos o preeliminares. Con la incorporación de algunas variables y campos adicionales a la base de datos en cuestión —que no son públicos— se puede llegar a una cifra consolidada: 376 mil millones de pesos a febrero. Y también se podría llegar a tener la relación de los créditos, por estados y municipios, con los detalles solicitados. Ese reporte sigue sin existir. La CNBV estudia la posibilidad de elaborarlo, ya que en estricto sentido, no es su obligación. Veremos qué se decide.

En su informe trimestral al 30 de marzo, la SHCP publica que la deuda de los gobiernos estatales y municipales es de 436 mil millones de pesos. En esta información se incluyen todos los créditos estructurados, de mediano, largo plazo y donde se otorgan en garantía las participaciones, fondos federales e ingresos propios. También incluye la deuda con la banca de desarrollo y emisiones bursátiles. De lo que no da cuenta Hacienda es de los créditos de corto plazo, información que sí registra la CNBV.

Los créditos con plazos menores a un año han causado los sobresaltos y sorpresas recientes en las cuentas de las entidades federativas. Son operaciones no registradas ni reportadas a Hacienda que se contratan discrecionalmente y a condiciones fuera de mercado. Un buen ejemplo son las líneas de crédito de Granier en los últimos tres meses de su administración, que terminaron por triplicar el monto de la deuda que oficialmente tenía. Por ello es necesario el listado de todos y cada uno de los créditos y sus condiciones. Todos, con todos sus detalles.

Esta es una batalla por la transparencia. No se trata de una controversia contra un banco. Si hubo abusos y desviaciones, las autoridades tendrán que aclararlo. La reforma constitucional aprobada en el Senado para regular la deuda estatal y municipal se quedó en el limbo en la Cámara de Diputados. Urge que se mejore y se apruebe por parte de ellos. Entre tanto, seguiremos insistiendo en la máxima publicidad de la información,  hasta que la deuda pública sea pública. Para ello, no hace falta esperar a ninguna reforma legal; sólo la voluntad de las autoridades para elaborar y publicar el reporte, tal como lo solicitó el Congreso.