¡No nos volverán a saquear!

Áquel 1 de septiembre de 1982, el presidente López Portillo se sentía traicionado. Visiblemente dolido, reclamaba a la banca mexicana privada de no tener “solidaridad nacional” y les reprochaba su vocación especulativa. Uno de los presidentes más nacionalistas de ...

Áquel 1 de septiembre de 1982, el presidente López Portillo se sentía traicionado. Visiblemente dolido, reclamaba a la banca mexicana privada de no tener “solidaridad nacional” y les reprochaba su vocación especulativa. Uno de los presidentes más nacionalistas de la historia no entendía cómo un pequeño grupo de mexicanos había sacado más de 30 mil millones de dólares del país, dejándolo en vilo: “sustanciales recursos de nuestra economía generados por el ahorro... salieron del país... para enriquecer más a las economías externas, en lugar de canalizarse a capitalizar al país conforme a las prioridades nacionales”. Por ello decretó la nacionalización de la banca: “Lo único que vamos a cambiar es de dueño. Los que nos traicionaron...”.

Treinta años después, en medio de la economía global, el reclamo nacionalista de López Portillo hacia la banca resulta conmovedor. En estos tiempos nos parece absolutamente normal que la banca extranjera en México atienda únicamente a su lógica de negocio global y a las prioridades que le dicte su casa matriz en su país de origen. Máxima utilidad, mínimo riesgo: elevadas comisiones a cuentahabientes cautivos y llenarse la panza con valores gubernamentales. ¿Y el financiamiento al desarrollo del país? Eso es un rollo nacionalista, fuera de moda en la era de los mercados financieros globales.

En marzo del año pasado, Guillermo Ortiz, ex secretario de Hacienda y ex gobernador del Banco de México lanzó una seria acusación en el Financial Times, el periódico financiero más influyente del mundo: los bancos extranjeros en México han sido “un negocio increíblemente rentable. Los ahorros de los mexicanos están siendo utilizados para recapitalizar a los bancos en sus países de origen, privando a México, y en general a las economías emergentes, de esos recursos”. Ortiz señaló que de 2003 a 2011 los bancos extranjeros en México han tenido utilidades por más de 20 mil millones de dólares que pudieron haber incrementado el financiamiento privado en México entre cinco y 15 puntos porcentuales por arriba del 23 por ciento del PIB que se tiene.

Antes mexicanos, hoy extranjeros, el problema es que llevamos más de tres décadas sin que tengamos un sistema financiero que esté orientado a detonar el desarrollo del país a través del acceso al capital. México presume en los foros internacionales de tener un sistema financiero bien capitalizado y con liquidez, pero que no está contribuyendo a romper el pasmo en el que se encuentra nuestra economía. A pesar de la estabilidad macroeconómica, un requisito fundamental para la asignación de créditos, el sistema bancario mexicano lo logra tener profundidad. En países como Brasil o Chile, el financiamiento como porcentaje del PIB duplica o triplica lo alcanzado en México.

¿Por qué no prestan los bancos en México? Todos los banqueros a los que les he preguntado tienen la misma respuesta: el sistema judicial mexicano no ofrece suficiente certeza jurídica en torno al cobro de garantías. Sin embargo, los bancos pequeños en México —que tienen menos de 20% del mercado— de 2008 a la fecha y con las mismas reglas del juego que los bancos “grandes” —lo cual genera enormes desventajas en términos de competencia— han incrementado el crédito a empresas en 100%, mientras que los seis extranjeros más grandes apenas si lo han hecho en 20 por ciento. Estos datos revelan que no necesariamente la falta de garantías es el principal determinante en la expansión del crédito.

La explicación parece estar en otro lado. El club de los “siete grandes” concentra 80% de los activos financieros totales y actúan como un oligopolio a pesar de que hay por lo menos otros 40 bancos autorizados. La falta de competencia los ha ubicado en una zona de confort que además les genera enormes utilidades a costa de los usuarios de la banca y con el costo de oportunidad que tienen que pagar millones de pymes en el país para las cuales no existe el financiamiento. Para muestra basta un pequeño ejemplo. Una de las transacciones más frecuentes de los tarjetahabientes es el retiro de efectivo en cajeros automáticos. Si se retira en un cajero distinto al banco emisor de la tarjeta, la operación puede costar hasta 35 pesos. Este precio lo fijan principalmente los dos bancos más grandes del país, propietarios de los sistemas de información.

La reforma financiera tendrá como reto principal tratar de impulsar la competencia, pero a diferencia de la reforma en telecomunicaciones, este aspecto no parece ser el eje principal en las iniciativas presentadas en el contexto del Pacto. Aquí el Congreso tendrá mucho que hacer para fijar medidas que pongan a los bancos a competir por mayores utilidades a través de la búsqueda de proyectos rentables y con un alto potencial de crecimiento, en lugar de estar exprimiendo a sus clientes con altísimas comisiones y usufructuando de los intereses del crédito al gobierno. Si ello se logra, se podrán alinear los intereses de una banca extranjera global, con los intereses nacionales, tal como alguna vez lo soñó el ex presidente López Portillo.

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