El Supersecretario

El martes pasado el Senado de la República aprobó una serie de reformas a la Constitución para tratar de ponerle fin a la fiesta de abusos en la deuda contratada por gobernadores y presidentes municipales irresponsables, con la complicidad de banqueros voraces.

Uno de los cambios más importantes en esta reforma es que se asigna al Estado la tarea de velar por la estabilidad de las finanzas públicas para que coadyuven a generar condiciones favorables para el crecimiento y el empleo. En otros países el candado constitucional para que el Estado mantenga el equilibrio presupuestario se ha convertido en camisa de fuerza en épocas de recesión que impide a los gobiernos tomar medidas para estimular la economía. En el caso de la Constitución Mexicana, se propone que la procuración del equilibrio presupuestario y la sostenibilidad financiera debe tomar en consideración los ciclos económicos nacionales e internacionales, por lo que debemos esperar que se termine la política económica prevaleciente en los últimos años donde el objetivo principal y único era el balance fiscal.

A pesar del carácter definitivo de esta reforma constitucional, las y los senadores nunca pudimos conocer el monto total y las características de los créditos de la banca comercial con las entidades federativas y municipios que están vigentes. Un avance es que a partir de ahora la “deuda pública” será realmente pública y se eliminará el obstáculo del secreto bancario que paradójicamente terminó actuando en contra de los contribuyentes.

La definición actual de deuda pública establecida en la Constitución es muy puntual y estricta: “Ningún empréstito podrá celebrarse sino para la ejecución de obras que produzcan un incremento en los ingresos públicos”. Este concepto ha funcionado como una contención a tentaciones presidenciales para usar el crédito de la nación con otros fines. Basta recordar la ilegalidad con la que Zedillo realizó el rescate bancario y cuyo costo nunca pudo encuadrar dentro del concepto constitucional de deuda pública. La nueva definición de deuda resulta muy peligrosa; se vuelve más laxa al permitir el otorgamiento de garantías, refinanciamiento, reestructura y otros conceptos que determinará una ley secundaria. Esta facilidad abre la puerta a que muchos pasivos que se han tenido fuera de los balances oficiales se “regularicen” y se registren como deuda nacional. Pronto nos podríamos llevar una sorpresa.

Con respecto a la deuda de los gobiernos locales hay avances muy relevantes en materia de transparencia, fiscalización y límites. Sin embargo, el modelo de deuda nacional y local que quedó plasmado no parece ser la mejor de las soluciones. De aprobarse estas reformas se abre la posibilidad de que el gobierno federal otorgue la garantía del crédito nacional a la deuda de las entidades. Esto equivale a otorgarle a los gobernadores una tarjeta de crédito donde el límite y sus condiciones serán establecidas por la Secretaría de Hacienda, lo cual hará que la  disponibilidad de financiamiento para el desarrollo en los estados y municipios sea una variable de control político. Esta situación va a generar incentivos contrarios a la responsabilidad fiscal por parte de los gobernadores, ya que el acceso al crédito no dependerá de su desempeño financiero, sino de su relación con el Ejecutivo federal y también se inhibirá la creación de un mercado de deuda local eficiente.

Este esquema también va claramente en contra del federalismo mexicano, que ya en la práctica se ve seriamente limitado por la enorme dependencia que tienen las entidades respecto a las participaciones y transferencias federales (que en algunos casos llega a representar) hasta 95% de sus ingresos. Si ahora le sumamos que el control de la deuda dependerá desde el centro, tendremos a entidades cada vez más débiles y a la Secretaría de Hacienda más poderosa de la historia.

                *Senador de la Ciudad de México

                mario.delgado@senado.gob.mx

                Twitter: @mario_delgado1

                Facebook: /mariodelgadocarrillo