Compromiso… con la opacidad

El presidente López Obrador y su muy obediente bancada han decidido, una vez más, violar la Constitución: el Presidente por ordenar a los senadores de Morena seguir dilatando el nombramiento de los tres comisionados que faltan para que el pleno del Inai esté debidamente constituido y pueda sesionar y los senadores de ese partido por hacerle caso a sabiendas de que faltan a una obligación constitucional.

Estamos hablando de un desafío más a la Constitución, a los que ya nos tiene acostumbrados, pero se trata también de la desaparición, en los hechos y de manera deliberada, de un derecho que desde 2002 conquistamos las y los mexicanos a través de la actuación de la sociedad civil: el derecho a la información.

El Presidente se vanagloria todos los días de que su gobierno es el más transparente de la historia, de que su gobierno sirve al pueblo y de que el Inai no sólo no sirve para frenar la corrupción, sino que también su función ha sido la de “legitimar robos y ocultar la información”.

No nos dejemos engañar.

Lejos de ser el más transparente es el responsable de la desaparición o desactualización de más de 70% de las bases de datos con información pública que teníamos cuando él asumió la Presidencia. El más reciente compromiso con la opacidad es que la SEP pidió al Inegi dejar de considerar de interés nacional al Sistema de Información y Gestión Educativa (Siged), la plataforma que genera información sobre la matrícula escolar, la infraestructura educativa y la nómina magisterial. Bueno, la penúltima. El domingo pasado, el Ejecutivo reservó por cinco años el monto del robo a sus sucursales. ¿Pues qué quieren ocultar? La corrupción, la inseguridad o la ineptitud.

Al atentar contra el Inai deja a un buen sector del pueblo que dice representar sin poder acceder a información para defenderse ante tribunales, para obtener sus certificados de vacunación o para tener evidencia del monto de semanas cotizadas y así poder cobrar sus pensiones. Esta afirmación no es mía, la obtengo de la postura emitida por el líder de la bancada morenista en el Senado, Ricardo Monreal. Tiene razón, el Inai no sólo sirve a la tarea del periodismo de investigación. Sirve para resolver innumerables quejas de la ciudadanía.

¿Qué el Inai no ha hecho nada contra la corrupción? De dónde cree que salieron las pruebas de corrupción de al menos tres exgobernadores del PRI, la Casa Blanca o la Estafa Maestra. De dónde cree que se obtuvieron, ahora en su mandato, las pruebas para el fraude de Segalmex, la Línea 12 del Metro o las simulaciones en los costos y contratos de las obras del Tren Maya, Dos Bocas y el AIFA.

¿Muy caro? Les doy unos datos: a) en cuatro años se ha gastado prácticamente lo mismo en mantener estacionado el avión presidencial que lo que cuesta anualmente el Inai; b) las irregularidades encontradas por la ASF tan sólo durante el primer año de gobierno de López Obrador fueron 100 veces el presupuesto del Inai; c) con el desvío de Segalmex (15 mil millones) alcanzaría para pagar casi 15 años del presupuesto del Inai; d) al ritmo de pérdidas de Pemex del año pasado, cada 12 horas se tira a la basura el costo anual del Inai.

Está claro: lo que López Obrador quiere seguir teniendo en la mañanera es el monopolio de la información, erradicar el acceso a datos que lo contradigan y desaparecer otro contrapeso más a su administración. Pero, como no tiene la mayoría constitucional ni la fuerza política para desaparecerlo, la vía que ha decidido es, a la mala y violando la ley, impedir que funcione.

Que no se nos olvide, además de garantizar el derecho a la información, el Inai tiene atribuciones para interponer controversias constitucionales en contra del Poder Ejecutivo o el Congreso de la Unión y acciones de inconstitucionalidad en contra de leyes de carácter federal o local, en su ámbito de acción.

Tiene razón la presidenta del Inai, Blanca Lilia Ibarra, al afirmar que “la democracia no puede funcionar sólo con ideales… requiere de instituciones que permitan implementar las políticas públicas”.

Ella ha manifestado que quiere mantener un diálogo respetuoso y constructivo con el Poder Ejecutivo. Hace bien y ojalá tenga éxito, pero con un encargado de la política interior que ha calificado como “un lastre burocrático” a la institución que ella preside, encuentro difícil ese diálogo. El Presidente cerró el diálogo con el INE, lo ha cerrado con las organizaciones de la sociedad civil y más recientemente con la Suprema Corte llegando al extremo de ordenar a sus colaboradores que no le tomen la llamada a la presidenta de la Corte, Norma Piña. Agregó que él no se presta a “enjuagues”. Como si sentarse a dialogar y negociar con otros poderes u órganos autónomos fuera prestarse a enjuagues.

La democracia, según la mayoría, incluye el diálogo, el debate y el acercamiento de posiciones dentro del marco jurídico que la rige. Según el Presidente, es decidir unilateralmente porque ganó en las urnas.