Trampas legales e ilegales 

No hay mejor ocasión para reflexionar sobre la política que la presentación del paquete económico. Este contiene la decisión sobre quién recibe qué, cómo y cuándo (H. Lasswell) y refleja las prioridades del gobierno.

Pero, ¿sabemos en México quién, qué, cómo y cuándo? Sólo a medias. Es innegable que hay un avance en la transparencia y vigilancia de los ingresos y el gasto. Hacienda cada vez nos da más información y la Auditoría Superior de la Federación supervisa cada vez mejor el gasto. Además, la academia, el periodismo y los think tanks producen mejores estudios sobre lo que el gobierno recauda y cómo lo gasta. Gracias a todo ello hoy sabemos que todavía persisten los vicios de la opacidad, la discrecionalidad y la impunidad. Una cosa es los que nos dicen y otra muy distinta es la realidad.

Según estudios de México Evalúa (La caja negra del Presupuesto) y de Leonardo Núñez (¿Y dónde quedó la bolita?, Presupuesto de Egresos ficticio) sabemos que año con año se reciben y ejercen más recursos de los que Hacienda asienta en el paquete económico. El gobierno federal llega a gastar hasta 600 mil millones más de lo presupuestado, o sea casi 13%. Por ejemplo, en la Cuenta Pública de 2015 se detectó un gasto adicional de 228 mil millones de pesos. Pero, aunque usted no lo crea, eso no es lo grave. Lo grave es que de los 228 mil millones no se pudo comprobar el destino de más de la mitad. Otro ejemplo. En 2016 se presupuestaron dos mil millones de pesos en comunicación y publicidad y acabaron gastando ocho mil, un aumento de 358%.

Tenemos, como digo, dos problemas serios. Por una parte, un conjunto de normas y reglamentos que permite hacer “trampas legales”. A través de las muy cómodas figuras de las adecuaciones y ampliaciones presupuestarias se tuerce el destino del gasto al interior de las dependencias y se ejercen recursos “no previstos”, en el mejor de los casos, para cambiar prioridades y, en el peor, para premiar o castigar a secretarios, gobernadores, empresarios o clientelas. Cuando una norma dice que se podrán hacer modificaciones al Presupuesto “siempre y cuando su objetivo sea el mejor cumplimiento de los objetivos de los programas a cargo de los ejecutores del gasto” (Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, art.2), se abre una caja de pandora de la que salen muchos males: la unilateralidad, la discrecionalidad, el clientelismo, la malversación de fondos y el desvío de recursos.

Como dice L. Núñez: “de qué manera se puede probar o para el caso refutar que una cantidad presupuestada fue insuficiente o que una ampliación redunda en la mejora de los resultados buscados”. Basta la palabra de Hacienda para que así sea. La interrogante que no tiene respuesta es por qué el Congreso lo consiente a pesar de ser el depositario del llamado poder de la bolsa, o sea, de tener la facultad para decidir los ingresos y los gastos.

La unilateralidad y discrecionalidad con las que cuenta el Ejecutivo, que utiliza a plenitud y sin rubor y que no pueden considerarse un delito, se traducen en miles de historias de uso indebido de los recursos o, de plano, en fraudes y desfalcos para beneficio particular. Y éstos sí son delitos.

El segundo problema es que carecemos de un sistema que castigue las “trampas ilegales”. Y no es que estas historias no se detecten. Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad y Animal Político presentaron ante la opinión pública una investigación (La estafa maestra) que muestra un desvío millonario de recursos cometido por 11 dependencias públicas en contubernio con ocho universidades, también públicas. El modus operandi puesto al descubierto consiste en que las dependencias otorgan contratos a las universidades que a su vez subcontratan a empresas a cambio de un moche o comisión que alcanzó la cifra de más de mil millones de pesos. La ley permite esta subcontratación, pero sólo por 49% del contrato en cuestión. Sin embargo, en abierta contravención a la ley, las universidades subcontrataban la totalidad de los servicios y en la mayoría de los casos sin entregables (https://contralacorrupcion.mx/web/estafamaestra/).

Y no estamos hablando de cacahuates, sino de siete mil 600 millones de pesos entregados a 186 empresas, 128 de las cuales no debían recibir recursos públicos porque no tenían ni la infraestructura, ni la personalidad jurídica para dar los servicios contratados o porque ¡simplemente no existían! Peor: al menos 11 de estas empresas aparecían en la lista de empresas fantasma boletinadas por el SAT y 44 no contaban con el registro para operar que exige la Secretaría de Economía. De esos siete mil 600 millones no se conoce el destino de tres mil 400.

Lo “curioso” es que desde 2011 la ASF ya había detectado, publicitado y calificado de ilegal esta triangulación. Pero la mayor información y el buen trabajo de la ASF no se ha convertido en mayor rendición de cuentas ni mucho menos en menor impunidad.

Para que tengamos una idea, de 1998 a la fecha, la ASF ha presentado 802 denuncias penales. De todas ellas, sólo cuatro han acabado en sentencia.