Refundar o refundir
Los participantes de la elección no acabábamos de aprender las normas de la reforma de 2007, cuando se apresuró la de 2012 que introdujo, sin reglamentar, las candidaturas ciudadanas y las consultas populares...
Ayer se inició el proceso electoral para las elecciones federales intermedias en las que se renovará la totalidad de la Cámara de Diputados, además de nueve gubernaturas y 17 ayuntamientos y congresos locales. En ellas se juegan no sólo la nueva distribución del poder político sino los supuestos avances democráticos de la más reciente Reforma Electoral.
Como en casi cada elección, las reglas del juego serán nuevas y deberán ponerse a prueba. Los participantes de la elección no acabábamos de aprender las normas de la reforma de 2007, cuando se apresuró la de 2012 que introdujo, sin reglamentar, las candidaturas ciudadanas y las consultas populares. No bien aprobada ésta última, los partidos nos recetaron una nueva normatividad difícil de entender y más difícil de poner en práctica. Una cosa es que las normas sean perfectibles y otra muy distinta es que cada tres o cada seis años se refunde el marco electoral.
A decir del consejero presidente, el nuevo Instituto Nacional Electoral deberá desempeñar 74 nuevas funciones que antes no existían o estaban asignadas a otras instancias gubernamentales, ya fuesen federales o locales. A partir de la nueva normatividad, deberán también tejer una nueva relación con los poderes, con los órdenes locales, con los tribunales, con los aparatos de seguridad, con el sistema bancario, con los medios y con la ciudadanía. Además, como los legisladores no terminaron su trabajo, deberán concluir un sinnúmero de reglamentos y lineamientos que permitan llevar a la práctica o aterrizar muchas de las nuevas disposiciones legales cuya generalidad o vaguedad requieren concreción para hacerlas medianamente viables. Esta tarea la tendrán que hacer los consejeros sobre la marcha, o sea, al calor del proceso electoral mismo.
El problema no es sólo para el INE, lo es también para los otros actores de la elección. Los magistrados tendrán que sentar nueva jurisprudencia y volverán los litigios sobre sus interpretaciones; los medios perderán los referentes a los que mal que bien se habían ajustado; los partidos y candidatos tendrán que acomodar su normatividad interna sin la certeza de estarse apegando a las nuevas reglas; los ciudadanos veremos un nuevo y más complicado formato de boletas electorales que harán más difícil la emisión del voto.
Dice la consejera Pamela San Martín que cada reforma lo que atiende es el problema de la anterior. Ojalá tuviera razón. Eso es lo que debería ser, pero no ha sido. Cada reforma ha hecho más complejo el proceso electoral sin haber logrado lo que cada reforma ha prometido: mayor certeza y confiabilidad y menor costo electoral. Esto ha sido así por tres males que al parecer se han vuelto endémicos y que salieron a relucir, una vez más, en la reforma de 2014.
El primero de ellos es la costumbre de los perdedores de cada elección de exigir un nuevo marco normativo. En nuestro país las derrotas de los partidos y candidatos no se deben a sus errores o a la preferencia del votante por la opción política ganadora sino a reglas defectuosas y árbitros amañados que tuercen la voluntad del elector. Luego entonces, a cada fracaso debe seguir una reforma so pena de que el perdedor se retire de la vía institucional. El PAN y el PRD perdieron no por sus yerros sino porque el sistema de fiscalización fue ineficaz para frenar el gasto electoral, porque los árbitros no atendieron a la legalidad, porque los medios inclinaron la elección o porque los gobernadores metieron las manos en la elección.
El segundo mal que se repite con frecuencia es que las reformas electorales se han convertido en moneda de cambio. El expresidente Calderón dejó correr la reforma de 2007 por la miscelánea fiscal; el presidente Peña Nieto lo hizo por la Energética. Ni a uno ni a otro les importó la calidad de las reformas electorales ni sus consecuencias políticas. Ambos cedieron sin reparar en las implicaciones.
El tercer y más pernicioso mal es la pobre apreciación de en dónde residen los problemas y cómo enfrentarlos. Para muestra, un botón. Según el PAN y el PRD el problema de la inequidad en las elecciones en los estados radicaba fundamentalmente en que sus institutos electorales estaban capturados por los gobernadores. Propusieron que los integrantes de los consejos locales fueran seleccionados por el INE y ahora lo acusan de haber amañado el proceso de nombramiento.
Los remedios electorales en los últimos años no han correspondido con las dolencias. Nos quejábamos de un IFE con demasiadas funciones y ahora está más recargado que nunca. Nos quejábamos de tener elecciones caras y ahora cuestan mucho más. Nos quejábamos de la deslegitimación del INE y se contribuye a su desprestigio. Nos quejábamos de la abundancia de litigios electorales y se sientan las condiciones para multiplicarlos.
Así las cosas, México va a una elección intermedia llena de retos y riesgos en lugar de llena de certezas y seguridades. Con lo que el propio Lorenzo Córdova ha llamado la recurrente vocación de la clase política de refundar regularmente el sistema electoral, lo que se ha hecho es refundir la normalidad electoral.
*Investigador del CIDE
Twitter: @amparocasar