Prohibido prohibir
El mercado ilegal de vapeadores es la efigie de un modo de gobernar. Uno que prefiere la limpieza de la moral a la complejidad de la regulación.
El pasado martes 25 de noviembre se aprobó en la Cámara de Diputados el más reciente dictamen sobre la prohibición total de vapeadores que actualiza las reformas anteriores en materia de sanciones y alcances.
Ese mismo día, se llevó a cabo la presentación de un informe sobre el mercado negro del tabaco y las implicaciones que tiene para la seguridad nacional, organizado por la Asociación Civil Defensorxs, en la que participaron diversos especialistas. En el evento, se expuso que el mercado ilegal de vapeadores en México mueve 20 mil millones de pesos al año y está hoy en manos de siete organizaciones criminales.
Un fenómeno de este volumen no surge por azar, sino como consecuencia de una política pública descuidada que ignoró a quién dejaba el terreno libre. Para entender cómo llegamos aquí, conviene mirarlo como un caso más de algo que James C. Scott describió como la tendencia del Estado a simplificar la complejidad para volverla administrable. Frente a fenómenos sociales densos —consumo, salud, mercados, logística y riesgo— el Estado recurre a categorías binarias que reducen la realidad a un problema legislativo. La prohibición del vapeo se inscribe en esa lógica; el acto de prohibir se presenta como solución suficiente, como si la complejidad se evaporara junto con el decreto.
El problema es que toda simplificación estatal produce un punto ciego. En este caso, desapareció del papel aquello que en la práctica siguió existiendo, pero ahora en un terreno mucho más fértil para el crimen organizado. Ahora bien, para posicionar tales reduccionismos, el binarismo se plantea como problemática moral a la que nadie puede oponerse (estar a favor o en contra del mejoramiento de la salud). Pero la moral, cuando sustituye a la política, tiende a desentenderse de las consecuencias.
Aquí es útil recurrir a quienes han escrito sobre las economías morales del riesgo, como Didier Fassin y Achille Mbembe. Lo que suele presentarse como una medida de salud pública, en realidad responde a una moralidad administrativa. En ese sentido, se protege aquello que puede administrarse y se abandona aquello que complica la narrativa del cuidado. Se sobregobierna el castigo —la prohibición, el decomiso, la sanción— y se subgobierna el cuidado —la regulación, la supervisión, la fiscalización inteligente, la trazabilidad—. El resultado es un vacío perfecto en el cual el Estado renuncia a gestionar un mercado que sigue existiendo, pero ahora sin controles, sin estándares y sin responsabilidad pública.
Tal vacío no queda del todo hueco, sino que otros actores lo llenan. Y ahí entra un segundo apunte, esta vez de Saskia Sassen, quien describe que las zonas ilegales no son territorios de atraso, sino laboratorios de innovación forzada. Lo que la prohibición dejó libre, los cárteles lo ocuparon con creatividad logística, cadenas de distribución eficaces, empaques sofisticados y una estructura de mercado que hoy mueve miles de millones de pesos. Es un ejemplo claro de cómo la informalidad, cuando se vuelve la única alternativa disponible, se convierte en una incubadora de nuevas formas de organización económica.
La ironía es tan brutal como ofensiva. Una política “intencionada” para proteger cuerpos terminó financiando a organizaciones que los violentan, sin disminuir las enfermedades respiratorias ni la adicción, por la asunción de que la salud pública podía resolverse con un acto moral, sin considerar que toda política moralizada genera externalidades. Quizá ya no debemos quedar atascados en contrafactuales, pero tampoco puede desestimarse lo que revela este caso sobre nuestra forma de gobernar: simplificamos lo complejo, moralizamos la simplificación y lo llamamos política pública.
El mercado ilegal de vapeadores es la efigie de un modo de gobernar. Uno que prefiere la limpieza de la moral a la complejidad de la regulación; que protege en el discurso lo que abandona en la práctica; que se convence a sí mismo de que prohíbe para salvar, cuando en realidad lo hace para simplificar. Y en esa simplificación abre la puerta a otros actores que sí entienden la complejidad, no para cuidarla, sino para explotarla.
