Vivimos en un tiempo en el que la vigilancia dejó de ser vertical para hacerse multitudinaria; ya no proviene del Estado, sino de los otros. La desconfianza en las autoridades ha mutado en suspicacia exacerbada entre ciudadanos, un celo constante donde ninguna denuncia es suficiente, ninguna acción completa ni ningún gesto libre de sospecha. Las redes sociales amplifican esta lógica: alguien denuncia una injusticia, comparte un dato y casi de inmediato aparece el comentario que reprocha.
Michel Foucault describió hace décadas cómo, tras el modelo del panóptico de Bentham, surgió una nueva forma de poder: la gubernamentalidad, ese gobierno de sí que ya no necesitaba la fuerza, sino la disciplina interior. En vez del castigo físico, el miedo psicológico; en vez del control exterior, la autocensura. Pero hoy esa gubernamentalidad parece haber mutado. Ya no basta con gobernarse a uno mismo. Hemos aprendido a gobernar —y castigar— a los demás.
Lo llamo sicariato moral. No en el sentido literal, sino como figura de época: la disposición casi automática a ejecutar simbólicamente al otro, a señalarlo, corregirlo o cancelarlo. Es el panóptico hecho red, un entramado horizontal de miradas que vigilan, no por orden de un soberano, sino por impulso de pertenencia, de culpa o de superioridad moral. El sujeto disciplinado de Foucault se ha convertido en el sujeto vigilante. Ya no teme al ojo del poder, sino que desea ocuparlo.
Las redes sociales son el escenario perfecto de esta mutación. Allí cada usuario actúa como policía de la moral pública, juez de causas ajenas, fiscal de los demás. Se aplaude la exposición, pero se castiga el exceso; se neutraliza con los pulgares. Byung-Chul Han diría que es el resultado lógico de la psicopolítica: el paso de la disciplina al control emocional, del cuerpo al alma. Ya no hay muros ni celdas, sino pantallas. Y el poder circula de manera difusa, seductora, envuelta en likes e indignación.
La vigilancia no se agota en las pantallas. En el espacio físico, la misma lógica se traduce en justicia por mano propia, que la teoría llama vigilantismo (mejor conocido como linchamientos). Es el acto violento planificado por particulares en respuesta a un (supuesto) delito, sin mediación de autoridades. En la práctica suele confundirse con legítima defensa, pero cuando el agresor huye, cesa la inminencia y lo que sigue ya no cabe en esa eximente, es castigo. Esa frontera —sutil en el ánimo, tajante en el derecho— se cruza a diario.
Ilustrando lo anterior, en México, recuentos hemerográficos registraron 103 linchamientos entre 1987 y 1998 (52 muertes), 189 entre 1986 y 2000 (62 muertes), 222 casos entre 1991 y 2003, y 1,619 eventos entre 2016 y 2022. Los estudios asocian el fenómeno con indignación moral ante la ineficiencia, desconfianza generalizada en las autoridades y una crisis de autoridad que erosiona el contrato social.
Pero esta vigilancia horizontal tiene un costo profundo: destruye el debido proceso, la presunción de inocencia y el tejido social. La pertenencia se mide en oposiciones, y el prestigio moral depende de exhibir al otro como culpable. Lo que alguna vez fue un impulso hacia la virtud se convierte en espectáculo de corrección.
Lo paradójico es que esta dinámica ni siquiera refuerza el autogobierno. Al contrario, nos exime de él. Mientras más vigilamos a los demás, menos nos observamos a nosotros mismos. Al intentar cumplir funciones que le competen al Estado, los ciudadanos lo despojan del monopolio de la violencia legítima, que desde hace tiempo tampoco tiene. Pero esto no fortalece la comunidad, la debilita. El resultado es una doble erosión, del Estado y de la sociedad, que produce un hiperindividuo aislado sin acceso ni a la seguridad ni a la justicia.
Vivimos la versión contemporánea del viejo panóptico, pero sin torre ni carcelero. No se trata ya de obedecer al Estado, sino de participar en la microfísica del castigo. Y esa participación, envuelta en la ilusión de justicia, erosiona la vida común que pretende cuidar. Cuando la autoridad colapsa y cada ciudadano se convierte en vigilante, no construimos justicia, sino una sociedad donde nadie está a salvo de la sospecha.