El 8 de abril, la presidenta Claudia Sheinbaum presentó lo que su gobierno denomina una estrategia para fortalecer la soberanía energética de México. En el centro de esa estrategia está la extracción de gas natural mediante el fracking, una técnica que la propia Presidenta calificó durante años como una amenaza al medio ambiente y al agua, y que ahora defiende bajo el viraje de que las nuevas tecnologías la hacen menos dañina (distinción que más de 80 organizaciones ambientalistas rechazaron. El fracking sustentable, dijeron, puede sonar prometedor en el discurso, pero, en los hechos, no existe). Ante los señalamientos de diversas organizaciones y pese a la existencia de otras vías, la justificación del gobierno fue la soberanía energética. La pregunta que queda tras el anuncio es: ¿en qué sentido exacto el fracking nos hace soberanos?
La respuesta que da el gobierno tiene una lógica aparente. México importa hoy 75% del gas natural que consume, casi todo de Estados Unidos; gas que ya se extrae mediante fracking. Producirlo en territorio nacional, argumenta Sheinbaum, reduciría esa dependencia y blindaría al país frente a la volatilidad de los mercados internacionales y los caprichos de la política estadunidense. El problema es que el argumento se sostiene sólo si se ignora lo que sigue: Pemex nunca ha hecho fracking, no tiene la tecnología para hacerlo, y para adquirirla tendría que asociarse con empresas privadas, probablemente las mismas de las que se quiere independizar; el crudo se refina en el extranjero, la inversión requerida tampoco es menor (pese al argumento de que esta vía es menos costosa que otras menos perjudiciales), y los efectos de desplazamiento forzado y el daño ambiental serán bestiales.
La soberanía energética no es simplemente producir en casa lo que antes se compraba afuera. Es la capacidad real de un Estado de decidir cómo, cuándo y a qué costo extrae, procesa y distribuye sus recursos, sin trasladar esos costos a sus comunidades ni hipotecar sus decisiones. La soberanía suele confundirse con independencia, pues la segunda da margen de negociación, ergo, poder; pero reducir la soberanía a independencia lleva a creer que el fracking, por el mero hecho de hacerse en territorio mexicano, constituye el poderío total. Bajo esa aclaración, el fracking no ofrece soberanía, sino una sustitución de dependencias con nombre patriótico: en lugar de depender del gas texano, México dependería de su tecnología y capital privado; y los daños ambientales —contaminación de acuíferos, emisiones de metano, riesgo sísmico— que hoy ocurren del otro lado de la frontera ocurrirían de éste, recayendo en las comunidades que viven sobre los yacimientos.
Cualquier discusión sobre soberanía energética pasa por Pemex, y su estado no admite optimismo fácil. En 2025 la producción de crudo en México llegó a su nivel más bajo en al menos 35 años. La deuda financiera de la empresa, aunque el gobierno anuncia reducciones, se sostiene en parte porque el gobierno federal absorbe los pasivos. De cada 100 pesos del presupuesto de Pemex en 2026, 27 se destinan al pago de intereses, el nivel más alto en 32 años, mientras el presupuesto operativo se mantiene en niveles de 2008. Es, en palabras de analistas independientes, un presupuesto de supervivencia, no de expansión.
Y mientras falta optimismo, sobra opacidad. El huachicol tradicional le costó a Pemex 23 mil 491 millones de pesos en 2025. El nivel más alto desde 2018, con más de 10 mil tomas clandestinas detectadas. El huachicol fiscal fue aún más lejos operando a escala industrial. El SAT dejó de recaudar, sólo en 2024, 177 mil millones de pesos por este concepto, 2.6 veces el presupuesto de sectores estratégicos enteros. Sobre esa base, el gobierno propone que Pemex lidere la odisea extractiva.
México tiene reservas de gas y necesidad energética real, nada de eso está en disputa, pero ¿por qué sería el fracking el camino para resolverla? Los propios países que prohíben el fracking por sus riesgos ambientales e hídricos dentro de sus fronteras, la practican, a través de sus empresas, en el sur global. México está a punto de convertirse en el territorio donde otros externalizaron sus costos y ahora en el territorio donde se externalizan los propios y ¿quién es el soberano?