Ochenta y siete por ciento del aguacate que produce Michoacán se exporta a Estados Unidos; es el segundo producto agroalimentario más vendido del país en ese mercado, con un valor de 3,653 millones de dólares en 2025, y la semana pasada esa dependencia quedó expuesta cuando un grupo de inspectores estadunidenses juzgó, sin mayor explicación, que la entidad había dejado de ser segura para trabajar. La exportación se suspendió tres días y se resolvió con la rapidez suficiente para pasar como una nota económica pasajera, pero conviene resistir esa lectura, porque lo ocurrido en Michoacán fue apenas la pieza más visible de un ensamblaje mucho más amplio cuyo sentido sólo se revela cuando se observa el orden en que sus partes fueron cayendo.
Comprender un fenómeno político suele exigir aislar una de sus piezas y examinarla con detenimiento, confiando en que su forma bastará para intuir el diseño general que la contiene. Existe, sin embargo, un momento en que conviene suspender esa costumbre y preguntarse, además de cómo encajan las piezas entre sí, en qué secuencia llegaron a su lugar, porque Paul Virilio dedicó buena parte de su obra a mostrar que el poder contemporáneo se mide tanto en velocidad como en territorio, en la capacidad de imponer el ritmo al que otros están obligados a responder. Quien decide cuándo ocurre algo ejerce una forma de dominación tan eficaz como quien decide qué ocurre, y suele resultar más difícil de nombrar precisamente porque no deja huella visible, sólo la sensación, en quien la padece, de llegar siempre tarde a su propia historia.
El 4 de agosto, un día antes de que la alerta paralizara las inspecciones aguacateras, el Comando Sur de Estados Unidos (que, cabe destacar, hasta entonces excluía a México y se ocupaba sobre todo de Centroamérica y Sudamérica) activó una fuerza militar conjunta con 18 países aliados, y la tentación de leer ahí una respuesta dirigida a México resulta comprensible, aunque probablemente equivocada. Esa fuerza llegaba en realidad a otra cita, la toma de posesión, tres días después, del nuevo presidente de Colombia, quien de inmediato convirtió a Medellín en sede regional de la estrategia militar contra los cárteles. El calendario de otros produjo, de manera colateral, un efecto que aquí se vivió como crisis, sin que México figurara en ningún momento como destinatario de esa decisión ni como su objetivo, algo que conviene leer como el tiempo de una macroagenda hemisférica que empieza a coordinar gobiernos afines, dejando a México como la pieza suelta del rompecabezas.
Meses antes, en mayo, la oficina antidrogas de Washington había estrenado dirección, y su primer documento oficial declaró al fentanilo arma de destrucción masiva, equiparando retóricamente un opioide con el lenguaje que hasta entonces se reservaba para el arsenal nuclear. Podría tratarse apenas de la carta de presentación de la administración recién instalada, aunque, si me permite la suspicacia, responde menos a una decisión autónoma de la nueva dirección que a una orden federal que consolida, en clave nacional y regional, la unificación militar que meses después habilitaría el mando conjunto.
Cabe preguntarse, nuevamente, por qué ahora. Días antes de la suspensión, el gobierno mexicano había detenido al jefe de un cártel local en Michoacán y anunciado un mayor despliegue militar en la zona, medidas que, sin embargo, no bastaron para que Washington diera por resuelta su preocupación de seguridad. La embajada estadunidense nunca precisó qué convirtió la amenaza contra su personal en motivo suficiente para suspender actividades, como tampoco explicó qué condiciones exactas debían cumplirse para levantarla, fue sino hasta que la presidenta Claudia Sheinbaum repitió los cuatro principios de siempre. Ese silencio sobre el criterio, más revelador que cualquier fecha aislada, confirma que hay un lado de esta relación que ejerce su poder sin necesidad de justificarlo y otro que sólo puede negociar el calendario que le imponen.
Lo que queda pendiente es preguntarse bajo qué margen real de tiempo puede diseñarse cualquier estrategia de seguridad, de comercio o de política exterior cuando ni siquiera se controla el instante en que se exige actuar, y qué clase de soberanía puede ejercerse sobre un territorio con reloj prestado.