Giovanni Sartori advirtió hace décadas que la democracia corre el riesgo de reducirse a su versión más pobre, aquella que se conforma con la existencia del sufragio y la alternancia como pruebas suficientes de salud institucional; cuando en realidad esa noción mínima apenas describe la superficie de un sistema que necesita, para sostenerse, árbitros capaces de garantizar que la competencia electoral se dé en condiciones de autonomía real. México ha ido llenando esa casilla mínima con relativa solvencia, pues sus elecciones se celebran, se cuentan los votos y el poder cambia de manos entre partidos, aunque bajo esa superficie de normalidad procedimental se ha ido erosionando algo más difícil de medir en una boleta: la capacidad del árbitro electoral para actuar con independencia frente a quien gobierna.
La elección federal de 2024 dejó ya una primera advertencia sobre esa erosión, cuando el Tribunal avaló la sobrerrepresentación legislativa que permitió a la coalición gobernante la mayoría calificada sin necesidad de negociar con la oposición. Interpretación que, en su momento, generó cuestionamientos sobre si el árbitro estaba resolviendo conforme al principio constitucional de proporcionalidad o conforme a la conveniencia de quien tenía más votos que repartir. La elección judicial de 2025 añadió otra capa a esa misma tendencia, cuando la distribución masiva de los llamados acordeones para orientar el voto en las urnas fue documentada y denunciada ante el propio TEPJF y la Sala Superior, con Mónica Soto entre la mayoría que sostuvo esa posición quien, junto con Felipe de la Mata y Felipe Fuentes, decidió que no existían elementos suficientes para anular el proceso.
La renuncia de Mónica Soto a la Sala Superior, presentada este mes y con efectos a partir del 31 de agosto, no debería leerse entonces como un cierre de ciclo personal, tal como ella lo explicó ante el Senado, sino como la culminación visible de ese patrón, sobre todo porque su salida deja al Tribunal funcionando con cinco magistrados en lugar de siete, sin que la reforma judicial que amplió su periodo hasta 2028 haya previsto un mecanismo para cubrir esa vacante; la omisión no es casual si se piensa que una ingeniería deliberada para consolidar mayorías rara vez se preocupa por sostener la independencia de quien debe arbitrar esas mayorías. La Comisión Permanente aprobó la renuncia por la vía rápida, con el respaldo de Morena y sus aliados, y entre reclamos de la oposición, porque la magistrada no acreditó ante el Congreso la causa grave que la Constitución exige para este tipo de separaciones, lo que añade una irregularidad procedimental a una salida que ya circulaba, según distintas columnas de opinión, entre versiones de supuesta presión política desde Palacio Nacional rumbo a los comicios de 2027 y presuntas negociaciones por un cargo diplomático en el servicio exterior.
Tanto legisladores como magistrados electorales actúan como si la integridad del árbitro fuera un trámite prescindible antes que una condición de la que depende cada elección venidera, y esa indiferencia va vaciando al Tribunal de la autoridad moral que, se supone, debe ejercer sobre quienes compiten por el poder, hasta dejarlo como un organismo cada vez más decorativo en la práctica. El Tribunal Electoral llegará a las elecciones intermedias de 2027, donde se renovará gran parte del mapa político –cerca de 19 mil 600 cargos de elección popular, entre diputaciones federales y locales, 17 gubernaturas, ayuntamientos y los cargos judiciales pendientes desde la reforma de 2025– con antecedentes de privilegiar la conveniencia del poder en turno sobre la letra estricta de la proporcionalidad constitucional y que, además, deberá evaluar la jornada en un país donde el ejercicio mismo de votar enfrenta la amenaza de la violencia político-criminal, con comunidades enteras que eligen bajo la intimidación de grupos delictivos que disputan territorio con las urnas de por medio.
La democracia mexicana seguirá, en ese sentido, cumpliendo con su noción mínima, aunque la pregunta que esta renuncia deja abierta es si el árbitro que debe calificar esos resultados conserva todavía la fortaleza institucional que Sartori consideraba indispensable para que la participación ciudadana no se quede en un gesto vacío frente a un tribunal que, cada vez con mayor frecuencia, parece resolver a favor del poder antes que a favor de la Constitución que jura defender.