En Casa tomada, Cortázar cuenta la historia de dos hermanos que una fuerza innombrable va expulsando cuarto por cuarto de su propio hogar hasta dejarlos en la calle. En la última escena, el narrador cierra bien la puerta y tira la llave a la alcantarilla, para que ningún pobre diablo entre a la casa, que ya fue tomada. El desplazamiento forzado funciona de manera parecida: no sólo obliga a salir, sino a destruir el camino de regreso, a huir en silencio y quebrantar las redes de apoyo por seguridad. Desde el 6 de mayo, el grupo criminal Los Ardillos asedia comunidades nahuas de la montaña baja de Guerrero. Más de mil familias huyeron de Tula, Xicotlán y Acahuehuetlán hacia Alcozacán, donde se refugiaron en la iglesia y en la cancha deportiva mientras el ataque continuaba.
Un dirigente del Concejo Indígena y Popular grabó un video que se difundió en redes en el que preguntaba dónde estaba la protección que la Presidenta había prometido, mientras enumeraba los muertos como quien sabe que nadie más llevará la cuenta.
El informe Travesías forzadas del Programa de Derechos Humanos de la Universidad Iberoamericana documentó en 2024 cerca de 29 mil personas desplazadas, el doble que en 2023, y el Internal Displacement Monitoring Centre estima que unas 390 mil viven en esa condición desde 2006. México es el cuarto país de América con mayor desplazamiento interno por violencia, con la particularidad de que esos datos los recaban organismos internacionales y organizaciones civiles, pero el gobierno no. El desplazamiento interno forzado tiene varias caras. La más documentada en México es la que produce el crimen organizado, que durante décadas vació territorios en Chihuahua, Chiapas, Guerrero y Sinaloa sin que el Estado lograra o decidiera contenerlo. Pero el fenómeno también lo generan los conflictos por recursos naturales y tierras, los enfrentamientos intercomunales que nadie arbitra, las disputas que los megaproyectos producen al entrar sin consulta a zonas con presencia indígena o la violencia intrafamiliar. Cada causa tiene sus propias víctimas y comparten la ausencia de política pública que reconozca el fenómeno.
Lo que las une también es la forma en que ocurren. En su investigación sobre mujeres desplazadas por el crimen organizado, María del Pilar Fuerte-Celis documentó lo que llama desplazamiento individual: huidas solitarias y silenciosas que no generan imagen ni activan respuesta. La razón de ese silencio, aunque el paper no la agote, puede hipotetizarse. Quien huye de un grupo que controla el territorio suele encontrar que ese mismo grupo controla las rutas de salida y tiene vínculos con las redes de parentesco de la zona.
Moverse en grupo es seguir siendo visible y seguir siendo un objetivo. Denunciar ante las autoridades locales es, en muchos casos, denunciar ante quienes son cómplices del desplazamiento, como acusaron los habitantes de Alcozacán al señalar con nombre y cargo a funcionarios del gobierno de Guerrero.
Lo que queda después de la huida rara vez mejora. Quienes llegan a ciudades medias o a la capital se integran, cuando lo hacen, a la economía informal. Las tierras que abandonaron las ocupa quien los desplazó, y el despoblamiento de zonas enteras es precisamente el mecanismo por el cual los grupos criminales consolidan control sobre territorios, rutas y extorsión.
Los Principios Rectores de los Desplazamientos Internos de la ONU establecen el derecho a retornar en condiciones dignas o a recibir reparación cuando eso no sea posible. México los suscribió y lleva cinco años dejando congelada en el Senado la ley que los haría operativos, desde que Diputados la aprobó en septiembre de 2020. El Presupuesto de Egresos no contempla ninguna partida específica para personas desplazadas internamente. Los refugios que hay son para mujeres víctimas de violencia de género, y aun ésos operan en condiciones cada vez más precarias: el presupuesto para 2025 es 4.3% menor en términos reales que el de 2023, y los recortes de la administración Trump a la asistencia internacional redujeron en 60% el presupuesto del ACNUR en México, que sostenía cerca de 140 albergues.
Para una comunidad indígena que huye de drones con explosivos, lo disponible es lo que había en Alcozacán: la iglesia, la cancha. La presidenta Claudia Sheinbaum prometió que el Ejército permanecería en Chilapa hasta lograr la pacificación, lo que nadie ha respondido es qué le devuelve a quien ya tiró la llave.