El Santo Oficio Judicial de la 4T dictó su primera condena contra un juez, a quien ha inhabilitado por un año, lo que implica también su destitución inmediata, por dictar una resolución que a ese tribunal inquisitorial le ha parecido incorrecta.
La Presidenta de la República ya había expresado, en alguna de sus conferencias matutinas, su desacuerdo con ese veredicto. La condena contra el juez Sergio Sigales está precedida por esa desaprobación.
El presidente Hugo Chávez era dado a anatemizar a los jueces cuyas resoluciones le desagradaban y daba indicaciones en sus discursos públicos para que esos impartidores de justicia fueran severamente sancionados. Esas indicaciones eran acatadas por los tribunales que conocían de los casos.
Algo similar ha empezado a ocurrir en nuestro país. La Presidenta reprobó una resolución del juez penal de Distrito de Colima, Sergio Sigales, y de inmediato éste fue sometido a procedimiento y suspendido, además de que se le redujo su salario a la tercera parte.
Obviamente, la intervención de los titulares del Poder Ejecutivo pronunciándose sobre fallos jurisdiccionales es una intromisión inaceptable en el Poder Judicial, sobre todo si, como en el caso de México a partir de la reforma judicial, existe un tribunal con facultad de imponer a los jueces sanciones motivadas por el sentido de sus decisiones.
El juez Sergio Sigales actuaba como corresponde a un impartidor de justicia independiente, garante de los derechos humanos: aplicaba la Constitución y los estándares internacionales por encima de las leyes secundarias, como lo ordena el principio por persona consagrado en el artículo 1º constitucional.
Si la prisión preventiva oficiosa no se justificaba, el juez Sigales concedía la libertad provisional de acuerdo con las resoluciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que ha condenado al Estado mexicano por tener en su ordenamiento jurídico esa medida cautelar, exigiéndola derogarla.
Si la pena acordada en un proceso abreviado era excesiva, la disminuía aplicando una sanción proporcional a la gravedad de la conducta por la cual se condenaba al procesado.
El Código Nacional de Procedimientos Penales señala que la pena acordada entre el Ministerio Público y el inculpado no puede ser modificada por el juez, pero el artículo 21 constitucional, de mayor jerarquía que cualquier disposición del Código, establece que la imposición de las penas, su modificación y duración son facultades propias y exclusivas de la autoridad judicial.
En varios procesos abreviados el juez Sigales redujo levemente la pena acordada a fin de que el condenado tuviera derecho a que se le concediera la libertad condicional. Tomó en cuenta que el delito no era grave y que el inculpado era primodelincuente.
Esas resoluciones fueron impugnadas por el Ministerio Público a fin de que las analizara un tribunal de superior jerarquía. Así se combaten los fallos en los que no está de acuerdo el órgano de la acusación.
Pero lo que es inaceptable es que un juzgador sea condenado por el contenido de sus decisiones. El juez Sigales no sólo ha sido destituido e inhabilitado, sino también se le ha denunciado penalmente. Como sucedía con los jueces insumisos en Venezuela. Tanto la Comisión Interamericana de Derechos Humanos como la Relatora Especial de las Naciones Unidas sobre la Independencia de Magistrados y Abogados han manifestado que jueces y magistrados no pueden ser objeto de sanción alguna por el sentido de sus determinaciones.
El mensaje de la condena contra el doctor Sigales es ominoso: busca generar un efecto intimidatorio sobre los impartidores de justicia, lo que es una agresión a la independencia judicial. Los peores presagios sobre la creación y las atribuciones del Tribunal de Disciplina Judicial han empezado a cumplirse.
La condena, dictada específicamente por la Comisión de Disciplina de ese Tribunal por dos votos contra uno, aún puede ser revisada por el pleno del propio Tribunal. Es de exigirse que sea revocada y, por ende, Sigales reasuma su cargo.