Los límites infranqueables

¿Está legitimada la mayoría calificada legislativa a hacer cualquier reforma a la Constitución, sin límite alguno? ¿Esa mayoría puede legítimamente realizar cualquier modificación, introducir cualquier adición, suprimir cualesquiera preceptos a la ley fundamental? ¿La Suprema Corte de Justicia de la Nación, garante de nuestra ley de leyes, tendría que permanecer pasiva ante reformas que atenten contra los principios del régimen democrático o contra los derechos humanos —los previstos en la Constitución o en algún tratado internacional del que sea parte el Estado mexicano— sólo porque las mudanzas provienen de esa mayoría?

Dejemos de lado por un momento que la mayoría calificada de Morena y sus partidos satélites fue producto de un fraude constitucional cometido por el INE y el Tribunal Federal Electoral que, interpretando tramposamente el artículo 54 de la Constitución contra la opinión de los más prestigiados constitucionalistas, le otorgó a esos partidos un porcentaje de escaños mucho mayor al que correspondía a la votación obtenida: la mayoría de los consejeros y magistrados electorales eligió el deshonor, la sumisión abyecta al caudillo, en vez de la interpretación razonable y consistente de ese numeral.

Dejemos de lado momentáneamente ese fraude, sin olvidarlo ni excusarlo, para volver a las preguntas con que abro este artículo. Si la mayoría legislativa considerara, por ejemplo, que en ciertas situaciones, en beneficio del pueblo bueno, procede acusar de traición a la patria a los diputados y senadores que votaran contra una iniciativa presidencial, o que a ciertos acusados se les puede torturar, o que para ciertos delitos debe reimplantarse la pena de muerte, o que los jueces no deben dictar resoluciones que contraríen los designios de los detentadores del poder, y esas posturas se plasmaran en la Constitución, ¿no habría más remedio que resignarse a esa barbarie?

Democracia, declama y repite una y otra vez Claudia Sheinbaum, es el gobierno del pueblo, y su partido y sus aliados obtuvieron el mayor número de votos. Soslaya la flamante Presidenta que la suma de los ciudadanos que no votaron y los que votaron por la oposición supera la cantidad de votos de la alianza oficialista, y soslaya asimismo que si hoy esa alianza puede reformar la Constitución eso se debe al mayúsculo fraude de los organismos electorales cooptados por el oficialismo.

Más allá de tal “olvido”, la titular del Poder Ejecutivo debiera saber, y su consejera jurídica y su canciller deberían señalárselo, que el artículo 30 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos ordena que ningún Estado, grupo o persona podrá realizar actos tendientes a la supresión de cualquiera de los derechos y libertades proclamados en la propia Declaración. Uno de esos derechos es el de acceder a la justicia acudiendo a tribunales independientes e imparciales (artículo 10). Ese mismo derecho lo consagra el artículo 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, de la que el Estado mexicano forma parte. Asimismo, nuestra propia Constitución dispone en el artículo 17 que las leyes deben establecer los medios necesarios para garantizar la independencia de los tribunales y la plena ejecución de sus resoluciones.

La reforma judicial obsequiada al entonces Presidente y a la actual Presidenta por sus rastreros legisladores viola escandalosamente los principios de independencia e inamovilidad judiciales, así como el de no irretroactividad de la ley en perjuicio de persona alguna contenido en el artículo 14 constitucional. Se trata de principios esenciales de la democracia. Estamos ante una reforma constitucional violatoria de principios constitucionales y de convenciones que el Estado mexicano está obligado a respetar.

La única institución que todavía puede salvarnos del naufragio de la democracia es la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a cuyos ocho ministros independientes expreso desde estas líneas mi admiración y mi solidaridad.