La verdadera finalidad

La vileza decidida por el expresidente, la Presidenta y sus legisladores incondicionales —la que sólo fue posible por la complicidad de la mayoría de los consejeros y los magistrados electorales— empezó a llevarse a cabo. Una insaculación destituyó a 711 juzgadores —jueces y magistrados—, detrás de cada uno de los cuales hay años de estudio, trabajo y disciplina que ahora se desechan sin que exista una causal legítima para que esos servidores públicos sean destituidos.

La tómbola reemplazó los méritos y la experiencia, y pisoteó la dignidad profesional de esos juzgadores. Se violan escandalosamente la independencia y el principio de inamovilidad judiciales. La Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito manifestó que, en un acto humillante, se jugó con la vida profesional de los juzgadores, los trabajadores de confianza y las familias de todos ellos. Marlén Ángeles, juez de distrito de Culiacán, declaró: “Yo hice 20 años de carrera judicial y en una tómbola están destruyendo lo que yo me gané con todo el esfuerzo”.

La cantaleta con la que el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador pretendía justificar la reforma con la que se demuelen los poderes judiciales del país acusaba que las sentencias de los juzgadores no eran en beneficio del pueblo. ¡El pueblo! ¿Qué es el pueblo? El gran maestro italiano Norberto Bobbio señala que es un concepto ambiguo que utilizan todas las dictaduras modernas. Es una abstracción a menudo falsa: no está claro a cuántos individuos de los que viven en un determinado territorio abarca el término “pueblo”. La sociedad democrática no es un cuerpo orgánico, sino una suma de individuos. En una democracia, ningún individuo puede ser atropellado por el “pueblo”. Los derechos humanos se defienden frente al gobierno, sí, pero también ante la tribu, ante la comunidad, ante el pueblo.

En una democracia, las decisiones fundamentales las toma la mayoría, pero hay decisiones que siempre serán antidemocráticas, aunque las tome la mayoría. Octavio Paz advirtió que la verdadera democracia “no consiste sólo en acatar la voluntad de la mayoría, sino en el respeto a las leyes constitucionales y a los derechos de los individuos y de las minorías. Ni los reyes ni los pueblos pueden violar la ley ni oprimir a los otros”.

El terror en que degeneró la Revolución Francesa, los genocidios perpetrados por el nazismo, el estalinismo, el maoísmo y los jemeres rojos, y los crímenes atroces del franquismo, el castrismo, el régimen norcoreano, los populismos venezolano y nicaragüense, todo eso se ha cometido invocando la voluntad del pueblo, que en realidad es la voluntad de quienes en un momento determinado detentan el poder.

En nuestro país son numerosas las resoluciones judiciales que defendieron los derechos humanos de seres humanos de carne y hueso —no de la entelequia denominada “pueblo”— contra terribles abusos de poder. En materia penal, la más delicada de todas porque en ella los atropellos son aptos para dañar permanente y gravemente la vida de los afectados, varias sentencias de amparo impidieron, por ejemplo, que 31 científicos, la cuñada y la sobrina política del fiscal general de la República, perseguidos con saña inaudita y con acusaciones grotescas, pasaran muchos años en prisión, y que el exprocurador Jesús Murillo Karam, igualmente objeto de acusaciones ridículas, probablemente muriera en la cárcel.

En otras materias —señalo unos cuantos casos de los numerosos a que podría referirme—, también por la vía del juicio de amparo, se logró que niños fueran vacunados durante la pandemia de covid-19 y que a niños con cáncer —no a todos, lamentablemente— se les proporcionaran los medicamentos indispensables para seguir luchando por su vida; que se legalizara el matrimonio homosexual; que se reinstalara en su trabajo a personas que fueron despedidas exclusivamente por haber enfermado de cáncer, y que el Inai siguiera haciendo su tarea. Muchos otros amparos fueron desatendidos, como los que ordenaron detener las obras del Tren Maya, que causaron un ecocidio.

La verdadera finalidad de la reforma —esa humillante vileza— es que el Poder Judicial quede sometido a los designios, los caprichos y las venganzas de la 4T.