Periodistas en la indefensión

Reconocidos juristas recomiendan que el sistema de justicia obre con cuidado al abordar casos de periodistas. Los trabajadores de los medios recogen versiones que pueden considerar acertadas, pero que en no pocas ocasiones resultan insuficientes, equívocas o de plano falsas. Ni hablar, pero cuando se trabaja en el día a día hay que confiar en quienes suponemos enterados o dignos de crédito.

Por supuesto, ocurre que quienes se consideran afectados, si son poderosos, respondan en forma desmedida, echando mano de relaciones de alto nivel, compra o intimidación de jueces y, desde luego, de bufetes jurídicos de prestigio, cuyos abogados cobran por hora lo que un periodista quizá gane en una semana o en un mes, hecho que lo pone en notoria desventaja, pues no cuentan con relaciones políticas que le permitan librar el asedio judicial, carece de recursos para solventar un juicio largo o complicado y no puede abandonar el trabajo del que viven él y su familia.

Más grave es que un señalamiento periodístico acertado sea falsamente desmentido por el poder de quien ocupa un alto cargo político, o bien (o mal), por las relaciones o el dinero de quien se considera afectado, algo que a últimas fechas hemos visto multiplicarse peligrosamente en muchos estados de la República, donde se ha llegado a casos extremos de censura, lo que se expone en el libro Cállense, editado por el sello Grano de Sal, que dirige Tomás Granados, hijo de ese legendario columnista que fue Miguel Ángel Granados Chapa.

Un caso que quedó fuera de ese libro fue el expuesto por Hernán Gómez Bruera en el foro Proteger la Libertad de Expresión en la Ciudad de México, celebrado en el Congreso de la Ciudad de México el 23 de octubre de 2025. Ahí, ante los legisladores, el citado colega refirió las represalias de que ha sido víctima por un par de libros de autoría: Traición en palacio y El ministro del poder, en los que acusa a Julio Scherer Ibarra y a Arturo Saldívar, exministro de la Suprema Corte, de estar implicados en “una red de extorsión, corrupción y tráfico de influencias”.

Gómez Bruera dice que “estas dos investigaciones periodísticas van mucho más allá de los personajes mencionados. Hay nombres, apellidos, fundamentos, fuentes y datos precisos sobre la red. Se señala a muchos otros actores y empresas con inmenso poder económico y político que utilizaron el sistema de justicia para sus intereses privados” y perseguir al propio periodista, demandado por 15 millones de pesos “con motivo de estas investigaciones”, que se han expuesto en diversos medios impresos y electrónicos.

Los demandantes pidieron que se prohibiera la venta de una de las obras de Gómez Bruera, publicación de la también demandada editorial Random House, lo que, de concretarse, hubiera sentado un precedente muy grave, pues de ahí a la persecución de las ideas e incluso a la quema de libros se podría pasar sin dificultad.

Del aberrante proceso, el acusado narró en un artículo (El Universal, 25/VIII/24) que fue sometido a un interrogatorio en el que sólo podía responder sí o no, sin entrar en explicaciones. La sesión aquella duró ocho horas, durante las cuales no le permitieron comer algo o siquiera ir al baño porque, como le dijo alguien, “no se puede interrumpir la audiencia y ¡porque no hay papel!”, lo que muestra hasta dónde llegan las miserias burocráticas.

Semanas antes de la audiencia citada, la juez que lleva el caso “había aceptado un aberrante peritaje psicológico” solicitado por la parte demandante, supuestamente con el fin de determinar si el acusado es “capaz de ejercer el periodismo”. Gómez Bruera recuerda que, tiempo atrás, el mismo tribunal le impuso a Sergio Aguayo un peritaje similar que duró 25 horas, lo que remite a los procedimientos del estalinismo.

Por fortuna, ahora el acusado obtuvo un amparo, pero no entiende por qué la juez aceptó un procedimiento pericial invasivo, estigmatizante y absurdo. Y se pregunta el periodista si fue por “pedido de Rafael Guerra —presidente del Tribunal que da línea a los jueces presuntamente autónomos— para incrementar el hostigamiento judicial en mi contra”.

En fin, todo indica que, para muchos colegas, la libertad de prensa ha pasado de ser un derecho para convertirse en una burla.