La entrega y la calumnia

La perversa propensión a la calumnia es una de las señas de identidad de la 4T. Tal inclinación no concluyó al finalizar el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, sino que continúa en el de la presidenta Claudia Sheinbaum. Ante la falta de argumentos para justificar lo injustificable o refutar las críticas, se recurre a las falsas imputaciones con las que se denigra a quienes desde el poder se da el trato de enemigos por el pecado de no ser incondicionales.

La acusación con respecto a que se tiene información de que algunos jueces tenían acuerdos con los delincuentes o presuntos delincuentes ofrendados a Estados Unidos para liberarlos o posponer su extradición ad infinitum es de extrema gravedad. Esos jueces habrían incurrido en un delito contra la administración de justicia, lo cual exigiría que se iniciaran inmediatamente los procedimientos penales contra ellos. La presidenta Claudia Sheinbaum, que ha hecho ostensible su aversión al Poder Judicial —heredada de López Obrador—, tendría la oportunidad magnífica de exhibir a los mercaderes de la justicia y propiciar que se les impusieran severas condenas.

Sin embargo, el señalamiento del secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, de que se tiene información de esos acuerdos, no da un solo nombre ni menciona una sola prueba. ¿Cómo se puede hacer una imputación tan delicada sin precisar quiénes son los que, de manera tan corrupta, han denigrado su misión de impartir justicia? La Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación ha manifestado: “La afirmación de que existen acuerdos con jueces para favorecer intereses ilegales es absolutamente falsa y carece de cualquier sustento probatorio, dado que, a la fecha, no se ha presentado ninguna acusación”.

En efecto, si no se ha presentado denuncia alguna contra esos jueces corruptos coludidos con capos, no cabe sino considerar que la imputación es calumniosa y que tiene como finalidad justificar una entrega que carece en absoluto de fundamento legal. Las disposiciones señaladas por el fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, en ningún modo establecen la facultad de la Presidenta ni de ningún otro funcionario de hacer entrega fast track —sin que se cumplan las formalidades de un proceso de extradición— de mexicano alguno, así se trate del peor de los criminales, a un gobierno extranjero.

Pero, independientemente de la falta de fundamento jurídico de la entrega, lo que más llama la atención es que ésta no sólo se intentó justificar invocando normas que, en realidad, no la permiten —las autoridades sólo están facultadas para realizar aquello que la ley les autoriza o les ordena—, sino que sirvió de excusa para atacar con bajeza una vez más al Poder Judicial. Si se tuvieran indicios de que algún juez pactó la liberación ilegal de cualquier imputado o delincuente, desde luego que ya se le habría detenido, se le estaría procesando y su caso se mostraría ante el público como un ejemplo de la corrupción que, según la Presidenta y su antecesor, abunda en el Poder Judicial.

El fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, sostiene que no se trató de una extradición, sino de “un envío” (sic) que se fundamenta en el deber del Poder Ejecutivo de preservar la seguridad. Además de que esa figura no existe en el ordenamiento jurídico mexicano, se trata de una excusa vergonzante, según la cual el Estado mexicano es incapaz de garantizar esa seguridad.

Por otra parte, ¿quién podría creer la aseveración de García Harfuch de que la decisión de la entrega la tomó en forma colegiada el Gabinete de Seguridad y en eso “nada tiene que ver la señora Presidenta de la República”? Una decisión así sólo puede tomarla la Presidenta. Negarlo es tomarnos a los ciudadanos por tontos, exculparla torpe, burda y falsamente de una determinación sin fundamento legal, y sostener que los colaboradores de la mandataria toman decisiones sumamente espinosas sin tener las facultades correspondientes y sin siquiera avisarle.

La 4T propició, con su connivencia y/o su complacencia con el crimen organizado, que se le considerara cómplice de éste. El “envío” de 29 capos ya presos al gobierno de Trump obedece no al interés en combatir la delincuencia que tanto ha dañado a nuestro país, sino a la presión ejercida por el troglodita presidente estadunidense.