El tiempo de plantar unos cuantos árboles y mencionar una, dos o tres veces el concepto “responsabilidad social” en el informe anual era considerado suficiente para que una empresa se dijera sostenible. Eso terminó.
El desarrollo empresarial sostenible exige no sólo construir reputación, sino integrar una verdadera estrategia de negocios que incluya los criterios ASG: Ambiental, Social y Gobernanza o ESG (por sus siglas en inglés de Environmental, Social and Governance) para crear valor a largo plazo.
En un contexto de creciente presión ambiental y social, las empresas (sin importar el tamaño) enfrentan el reto de incorporar estos principios en su gestión estratégica y en las decisiones de negocio. Por supuesto, más obligadas están aquellas que son empresas públicas.
A escala global, la presión por transparentar el impacto ambiental y social crece con rapidez, por lo cual la improvisación no tiene cabida, se convierte en un lastre que el mercado no perdona.
Aún existen compañías donde la improvisación es patente. Es más, desconocen los criterios ASG.
La sostenibilidad todavía no está integrada en la arquitectura estratégica de las empresas, sino que se gestiona como una carga administrativa, como si se tratara sólo de cumplir con un requisito.
Gestionar la descarbonización, la gobernanza corporativa o la trazabilidad de la cadena de suministro exige capacidades que van mucho más allá de redactar informes o diseñar campañas de reputación.
Si una compañía contamina la comunidad donde está asentada, seguramente estará sujeta a vigilancia y regulaciones, lo cual mermará sus ganancias.
O si tiene malas prácticas sociales (hacia fuera o hacia dentro) dañará su reputación corporativa y perderá clientes y más.
La mala gobernanza corporativa hace susceptible a una compañía de tener problemas financieros o fiscales.
Así, se necesitan áreas especializadas —con presupuesto, jerarquía, métricas y rendición de cuentas— capaces de medir, gestionar y transparentar el desempeño ambiental, social y de gobernanza de las organizaciones.
Se requieren directores de sostenibilidad que reporten al CEO o al Consejo de Administración, no a otras áreas.
Tampoco se trata de acumular distintivos o sellos de certificación local —muchos de ellos con escaso reconocimiento internacional—, sino de construir sistemas de información confiables y transparentes bajo estándares del Global Reporting Initiative (GRI), que sirve para informar sobre el desempeño económico, ambiental y social de una empresa, gobierno o alguna organización de la sociedad civil o bien, de las nuevas normas internacionales de reporte climático.
En este sentido, México ha avanzado muchísimo, ya dejó de ser un país donde la sostenibilidad empresarial es un acto de buena voluntad.
En enero de 2025, entraron en vigor las Normas de Información de Sostenibilidad (NIS) del Consejo Mexicano de Normas de Información Financiera (CINIF), y el 28 de enero del año pasado, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores emitió modificaciones que obligan a las emisoras bursátiles a mejorar transparencia, fortalecer la gestión de riesgos climáticos e impulsar inversión responsable en los mercados financieros. La sostenibilidad se convirtió en materia contable, auditable y obligatoria. Ya no hay atajos.
El greenwashing —ese maquillaje verde que durante décadas pasó por filantropía empresarial— es perseguido con regulaciones cada vez más agresivas. Ya no hay espacio para diseñar campañas para plantar árboles en fin de semana.
En la Unión Europea, por ejemplo, la Directiva de Informes de Sostenibilidad Corporativa (CSRD) exige a las compañías divulgar información verificada bajo estándares científicos. En Estados Unidos, la SEC emitió en 2024 nuevas reglas de divulgación climática que alcanzan directamente a las subsidiarias mexicanas de empresas estadunidenses. El mundo se está regulando.
Y hoy en día los inversionistas ven riesgo en empresas sin criterios ASG.
Los inversionistas internacionales no analizan sólo los estados financieros, evalúan el riesgo climático, la calidad de la gobernanza y el impacto social de las compañías. Aquellas que no puedan demostrar con datos sólidos su desempeño ASG corren el riesgo de quedar fuera de los flujos de inversión global.
México tiene una oportunidad enorme porque se ha convertido en uno de los mercados más activos de América Latina en finanzas sostenibles.
Para darnos una idea, en 2025 el financiamiento sostenible en la Bolsa Mexicana de Valores superó los “400 mil millones de pesos colocados en instrumentos con criterios Ambientales, Sociales y de Gobernanza (ASG) desde 2016, año en que se realizó la primera emisión de un bono verde en el mercado local”.
Hay capital disponible para proyectos que tienen beneficios ambientales y sociales medibles.
La transición hacia una economía baja en carbono no se gestiona con buenas intenciones. Implica trazabilidad, rediseñar cadenas de suministro, transformar procesos productivos, medir emisiones con precisión, anticipar riesgos regulatorios y, por supuesto, transparencia.
El desafío es enorme, pero también lo es la oportunidad.
El fenómeno del nearshoring coloca a México en una posición estratégica. Pero las nuevas inversiones internacionales llegan con condiciones: energía limpia, transparencia, cumplimiento regulatorio y estándares ASG alineados con los mercados globales.
La sostenibilidad deja de ser una opción reputacional y se convierte en una ventaja competitiva.
La era del voluntarismo verde terminó.
La era de los datos, la regulación, la transparencia y la profesionalización se ha instalado. En ese nuevo escenario, improvisar ya no es sostenible.