Mea culpa climática de México en la COP30

México llegó a la COP30, en Belém do Pará, Brasil, con un mensaje diferente, pero con matices. La secretaria de Medio Ambiente, Alicia Bárcena, presenta ante la comunidad internacional la tercera actualización de la Contribución Determinada a Nivel Nacional (NDC 3.0), un documento que será la brújula que guíe la política climática del país hasta 2035 y que lo colocaría en la trayectoria hacia cero emisiones netas para mediados de siglo.

Esta NDC incorpora elementos novedosos que la separan, muchísimo, de la versión 2.0 actualizada que presentó el gobierno de López Obrador en la COP27 de Sharm el Sheikh, cuando se decía que el país “sólo contribuye con alrededor de 1.3% de las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) a nivel global”.

Como si ese “sólo” fuera algo insignificante. México es el noveno emisor en el mundo, por lo tanto, tiene que hacerse responsable de ello, así como los grandes o enormes emisores (China, Estados Unidos, India, entre otros). A nivel regional, se posiciona en el segundo escalón; el primero le corresponde a Brasil, el anfitrión de la COP30.

La NDC 3.0 establece cinco componentes: 1) mitigación, 2) adaptación, 3) pérdidas y daños, 4) medios de implementación y condiciones habilitantes y, 5), política climática transversal.

Por primera vez incorpora el componente de pérdidas y daños, que reconoce impactos climáticos inevitables, pese a esfuerzos de mitigación o adaptación. Destaca protocolos ante eventos extremos, seguros paramétricos basados en intensidad y pérdidas, y atención a la migración por cambio climático.

Es un reconocimiento tardío, pero necesario para un territorio que experimenta de forma dramática las consecuencias de la crisis climática, como sequías prolongadas, huracanes más devastadores y olas de calor que rompen récords año tras año. Sin embargo, la NDC no detalla los mecanismos de financiamiento.

Se prevé reducir las emisiones netas de GEI entre 364 y 404 millones de toneladas de dióxido de carbono equivalente (MtCO2e) para 2035 de manera no condicionada, es decir, a través de sus propios recursos.

Mientras que, de manera condicionada, con apoyo adicional, como financiamiento internacional, transferencia de tecnología o desarrollo de capacidades, México se compromete a alcanzar una meta en un rango de 332 y 363 millones de toneladas de CO2 equivalente.

Ambas vías tienen una reducción muy importante respecto a las emisiones actuales que son de alrededor de 583 MTCO2e.

Sobre el papel, los números son alentadores. En la práctica, las dudas son muchas. Los combustibles fósiles aún son eje del desarrollo, reciben grandes carretadas de presupuesto y subsidios, mientras que a las Área Naturales Protegidas (ANP) se les sigue descobijando hasta dejarlas con presupuestos raquíticos.

Sobre la NDC 3.0, Isabel Studer, presidenta de Sostenibilidad Global, indica que el rescate de Pemex tendrá “más de diez veces lo destinado a la protección ambiental y el doble de lo asignado a la acción climática. Esta disparidad refleja que México continúa privilegiando los combustibles fósiles sobre las inversiones necesarias para enfrentar la crisis climática y proteger su biodiversidad… México sigue destinando más dinero a sostener el pasado que a construir el futuro”.

La transición energética justa, dice, no se logra únicamente con más energías renovables, sino que requiere transformar la arquitectura financiera... “redirigir subsidios, gasto e incentivos hacia sectores que impulsen descarbonización, movilidad sostenible, eficiencia energética e innovación tecnológica”.

El país está en una posición incómoda, ya que el mundo avanza —aunque lento— hacia el abandono gradual del petróleo, gas y carbón, porque sigue sin establecer metas claras ni fechas específicas para reducir su dependencia de los fósiles.

En materia de adaptación, la NDC 3.0 mantiene los ejes: comunidades y territorio, sistemas productivos, ecosistemas resilientes y seguridad alimentaria, biodiversidad y servicios ecosistémicos, recursos hídricos e infraestructura estratégica. A éstos se suma el vínculo entre cambio climático y seguridad, diseñado para prevenir y atender conflictos socioambientales.

Las ANP son el primer frente para enfrentar a la crisis climática. Ayudan a combatir el cambio climático al mitigar sus efectos al capturar y almacenar carbono, además de adaptarse a sus impactos y funcionan como soluciones naturales verdes y costo-efectivas para resolver la crisis climática, de acuerdo con la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza.

Entre la adaptación y las ANP hay un vínculo indisoluble. ¿Cómo tener ecosistemas resilientes y cuidar la biodiversidad sin presupuesto? ¿Cómo asegurar los alimentos sin recursos, cuando las amenazas se exacerban?

La crisis climática ya está alimentando tensiones por el acceso al agua, hay desplazamientos forzados y disputas territoriales.

El gobierno promete para 2026 la publicación de la primera Política Nacional de Adaptación, considerando el cambio climático como tema de seguridad nacional. Este punto es fundamental, sin embargo, requiere presupuesto etiquetado, esquemas de coordinación efectivos entre los tres niveles de gobierno y mecanismos de transparencia y rendición de cuentas.

Organizaciones ambientales, como el Centro Mexicano de Derecho Ambiental, Greenpeace México, Oxfam México y Sostenibilidades Global insisten en señalar que el país necesita recursos suficientes y efectivos para atender la emergencia climática y, así, lograr una transición energética justa.

Debe reconocerse el trabajo de la Semarnat para lograr la NDC 3.0, pero sin habilitar los medios de implementación, los compromisos climáticos seguirán siendo promesas incumplidas.